Periodico de España.- Cuando se habla de violencia de género, habitualmente se piensa en el maltrato físico, psicológico o sexual. Pero casi nunca en la violencia económica, pese a que es la tercera más frecuente, la sufren el 11,5% de las mujeres en España y las denuncias van en aumento. Aun así, es una de las asignaturas pendientes en la lucha contra el machismo controlador y violento: el corpus legal español no reconoce este tipo de maltrato y la reforma del Código Penal que el Gobierno se comprometió a acometer la legislatura pasada aún está pendiente.
De hecho, la violencia económica es un fenómeno aún bastante desconocido incluso entre los profesionales y operadores jurídicos, porque durante años ha estado invisibilizada, normalizada y adopta muchas formas que no dejan huellas tan visibles como los golpes.
Puede aparecer porque el agresor ejerce un control económico sobre la víctima, chequeando todos los gastos, impidiéndole acceder a los recursos financieros u ocultando el dinero en común. Otra forma es el sabotaje laboral, que se da cuando se la impide trabajar o estudiar, normalmente con la excusa de que tiene que cuidar de la casa o de los niños. También existe la explotación económica, que aparece cuando el agresor se apropia o destruye intencionadamente los recursos económicos de la víctima.
Apenas existen estudios sobre violencia económica. Aun así, la macroencuesta del Ministerio de Igualdad, publicada en 2019, reveló que afecta al 11,5% de las mujeres en España (2,3 millones de españolas de más de 16 años), es la tercera más frecuente y existe una estrecha relación entre esta modalidad y el resto de formas de maltrato. El 91,2% de las víctimas ha experimentado violencia de control; el 57,9%, violencia física, y el 48,2%, violencia sexual.
Se alarga en el tiempo
El estudio indica, además, que la forma más común es prohibir a la víctima tomar decisiones sobre la economía familiar o realizar compras de forma autónoma (afecta al 7,5%), que el agresor se niegue a darle dinero para los gastos del hogar (6,3%) o ponga obstáculos para que estudie o trabaje (5%).
Se trata, asimismo, de una violencia que puede continuar después del divorcio o ruptura sentimental por un doble motivo: cuando el agresor se niega a pagar la pensión o deja que la víctima asuma sola con cargos importantes como una hipoteca, o cuando el sabotaje o la explotación económica pueden haber provocado una situación de empobrecimiento en la mujer y haber impedido su desarrollo profesional, por lo que es más difícil que pueda valerse por sí misma. En todo caso, es una pescadilla que se muerde la cola, porque la dependencia económica del agresor provoca a su vez que las afectadas tarden más en romper la relación o denunciarle.
“La violencia económica hace sentir insegura, dependiente y muy pequeña frente al otro. Desde un punto de vista psicológico genera una situación de incapacidad, inseguridad y vulnerabilidad. Es un fenómeno que ahora empezamos a ver e identificar, pero que se ha utilizado históricamente porque ellos han tenido el poder económico y siempre ha sido un elemento que ha marcado una desigualdad clarísima y ha hecho que muchas mujeres no hayan podido divorciarse”, explica Alba Alfageme, psicóloga especializada en violencias machistas.
También es una forma de violencia vicaria, dado que los hijos pueden padecer el empobrecimiento al que los somete el padre, y la madre suele ser amenazada con la pérdida de su custodia si denuncia la situación.
Iniciativa judicial
En este escenario, la titular del juzgado penal número 2 de Mataró, Lucía Avilés, llevó a cabo una iniciativa legislativa judicial, en noviembre de 2021, destinada a que el Código Penal recoja la violencia económica y especialmente el impago de pensiones como una modalidad de violencia de género. Su propuesta vino motivada tras una sentencia de impago de la pensión alimenticia, en un proceso de divorcio de mutuo acuerdo, lo que a su juicio “maquilló” que el hombre había sido condenado de forma previa por violencia de género.
En el proceso “se vio que él quería ocultar su patrimonio, algo habitual”, y que, aunque tenía capacidad económica, “no llegó a pagar ni un euro ni por la vía civil ni penal”. “El sometimiento y control siguió a través de la privación a la víctima y los hijos de recursos económicos, una situación que no es aislada”, explica la jueza.
Ante ello, Avilés realizó una exposición razonada al Gobierno para que tipifique la violencia económica, de acuerdo con el mandato del Convenio de Estambul suscrito por España, y se incluya una cláusula de reparación del daño en el impago de pensiones. “A veces a la justicia se nos tilda de patriarcal pero hice la propuesta para activar el cambio y ajustar la ley a la realidad social”, indica.
El problema es que el Ejecutivo recogió el guante y tres ministerios –Justicia, Igualdad e Interior e incluso el presidente, Pedro Sánchez– indicaron que la propuesta iba a ser estudiada pero, de momento, no se ha iniciado la reforma.
Avilés desconoce por qué se ha dejado en el cajón; si se trata de que el Ejecutivo está en “desacuerdo” o por pura “dejadez”. Pero, en su opinión, el motivo es “indiferente”. El resultado final es que “no se ha hecho”. Ante ello, la jueza está estudiando hacer un “recordatorio” al Ministerio de Justicia, para que ponga, de una vez por todas, en marcha el cambio legislativo.
Concienciación
Mientras tanto, Avilés considera que su propuesta ha servido al menos para “poner un altavoz sobre una realidad histórica” y que las propias víctimas y los profesionales “tomen conciencia” sobre esta forma de machismo controlador. “Muchas víctimas ya hablan de violencia económica y está aumentando la concienciación”, asegura.
Precisamente, para aumentar la sensibilización, la Fundación Nantik Lum, que trabaja para reducir la exclusión social, ha puesto en marcha el programa ‘Vivencias económicas’, financiado por el Gobierno, que tiene un doble objetivo. En primer lugar, capacitar a profesionales que trabajan en entornos vulnerables o con víctimas para que puedan reconocer situaciones de violencia económica. Y, en segundo lugar, dotar a las mujeres que participan en el programa de herramientas de empoderamiento y autonomía financiera.
