La Razón.- Las mujeres que padecen discapacidad intelectual se enfrentan a un mayor riesgo de sufrir cualquier clase de agresión sexual, maltrato o abuso frente a aquellas que no la tienen. En este sentido, estudios de expertos muestran que el 80% de personas con discapacidad intelectual han sido o serán víctimas de este tipo de abusos a lo largo de su vida.
Según el informe «Intervención en mujeres con discapacidad intelectual víctimas de abusos, agresión sexual y maltrato», elaborado por la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (Uavdi) de la fundación A LA PAR –que recoge los datos de atención a mujeres de esta entidad desde su creación en 2010–, a lo largo de este tiempo se han recogido un total de 1.448 derivaciones de mujeres víctimas de agresión sexual, maltrato o abuso. En 2023, la fundación atendió 206 casos de violencia de género dentro de este colectivo. No obstante, la cifra de víctimas aumenta cada año «significativamente». Sin embargo, el texto señala que «aún estamos muy por debajo de conocer las cifras reales respecto a la tasa de agresiones sexuales, maltrato o abuso a mujeres con discapacidad intelectual».
La no credibilidad que se otorga a su testimonio, los mitos respecto a su sexualidad, las concepciones erróneas sobre su condición que atentan contra su identidad, así como las dificultades de los profesionales y las familias para detectar estos casos, junto con la escasez de recursos especializados, han provocado que esta problemática no haya sido convenientemente atendida. Asimismo, el documento de la Uavdi apunta a los obstáculos que dificultan el acceso a la Justicia de estas mujeres, lo que obstaculiza garantizar sus derechos.
El documento se ha dado a conocer hoy en un acto celebrado en el Invernadero de la Fundación A LA PAR, que ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, Carmen Martínez, quien felicitó a la entidad por su trabajo a la vez que manifestó que «en el Ministerio somos conscientes de estas situaciones», y añadió que «aún queda mucho por hacer». Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR, ha sido la encargada de abrir este encuentro, al que también han asistido Israel Berenguer e Isabel Cartagena, director y coordinadora de la Uavdi, respectivamente.
Como colectivo especialmente vulnerable, las personas con discapacidad intelectual se enfrentan a diario a situaciones muy complejas, y la Uavdi ayuda a que puedan afrontar circunstancias de violencia con todas las garantías. En cuanto al perfil de las víctimas, el 74 % de las personas atendidas por esta unidad son mujeres, frente al 26% de hombres. La mayoría son víctimas de agresiones o abusos sexuales (42 %); otros delitos que tienen gran importancia son los de violencia doméstica y de género (13 %) y trata de seres humanos –solo en 2023 se trataron cuatro casos de este tipo–.
El pasado año los tipos de abusos atendidos más frecuentes fueron el abuso sexual extrafamiliar, la violencia doméstica y el abuso sexual intrafamiliar –aproximadamente el 65 % de quienes agreden y abusan de estas mujeres pertenecen a su contexto más próximo, entre los que se encuentran profesionales, compañeros, vecinos…–. Este hecho es de especial importancia, ya que en un 96% de los casos la detección de los abusos se hace por el propio contexto, lo que convierte a estas mujeres en todavía más vulnerables.
Para abordar la atención integral de estos abusos la Uavdi puso en marcha en 2010 la figura del facilitador o facilitadora, que son profesionales de la psicología cuyo objetivo es evaluar las capacidades y limitaciones de las personas con discapacidad intelectual que participen en procedimientos judiciales, para proporcionar apoyos y ajustes de procedimientos para que puedan acceder a la Justicia en igualdad de condiciones respecto al resto de personas. Según el balance de la Uavdi perteneciente al periodo 2021-22, sin la figura del facilitador el 79% de los casos eran sobreseídos, pero gracias a su intervención solo lo fueron el 19%.
El proyecto de la Unidad de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad Intelectual consta de tres grandes áreas de actuación. En la Intervención, se persigue dotar a las víctimas y familiares de una atención integral que promueva su bienestar emocional. En la Investigación se proporciona herramientas para adaptar y facilitar la intervención de las víctimas en contextos forenses, jurídicos y clínicos. Finalmente, la prevención y sensibilización busca concienciar a la sociedad y a los profesionales implicados de la vulnerabilidad real de este colectivo.
