Una legislatura para luchar contra los delitos de odio

| 17 enero, 2017

Asociaciones de derechos humanos luchan porque en esta legislatura se apruebe una Ley Integral contra los Delitos de Odio.

FELICIANO TISERA. BEZ DIARIO.- Asociaciones de derechos humanos pretenden, en la actual legislatura, lograr un anhelo largamente esperado: una Ley Integral contra los Delitos de Odio. Cuentan con el apoyo de las principales fuerzas parlamentarias, pero necesitan que se pongan de acuerdo para aprobarla. La idea es tomar como modelo la Ley Integral de Violencia de Género.

Los delitos de odio son agresiones o incidentes contra una persona basadas en características tales como una discapacidad, la raza, el origen étnico o país de procedencia, la religión o las creencias, la orientación e identidad sexual, la situación de exclusión social, o cualquier otra circunstancia o condición social o personal.

«Será un año crucial», dijo a bez.es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. «Los cuatros grandes partidos han mostrado sensibilidad, y queremos aprovecharla», señaló, llamando la atención sobre los «difíciles momentos» que se avecinan. La asociación que preside Ibarra puso en marcha el Consejo de Víctimas de Delitos de dio y Discriminación, a través del cual lanzó una petición en la plataforma Change para que se promulgue esa ley.

«El escenario que se viene es inquietante, con el crecimiento de la xenofobia, la islamofobia, el antisemitismo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar a que llegue el tsunami?», planteó Ibarra.

En ese sentido, Ibarra destacó el crecimiento del Frente Nacional en Francia, de Amanecer Dorado en Grecia, de los ataques a refugiados en Alemania, o contra los extranjeros en Reino Unido tras el brexit.

Madrid como punta de lanza

En ese contexto, todo apunta a que la Asamblea de Madrid será el primer parlamento regional que aprobará una ley autonómica específica contra los delitos de odio, después de que los dos principales partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, presentaran sendos proyectos en ese sentido. Ambos proyectos de ley han sido admitidos a trámite y las asociaciones esperan que antes del verano pueda verse aprobada una ley.

Sin embargo, desde algunos movimientos de defensa de los derechos de las minorías temen que la aprobación de la ley pueda estancarse debido que cada uno de los dos grandes partidos quieran llevarse el rédito político. 

«Ambas formaciones han presentado proyectos muy similares, por lo que queremos evitar un rifirrafe político que estanque el proceso», manifestó a bez.es el presidente de la asociación Colega (Colectivo de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales de Madrid), Paco Ramírez.

Para impulsar la iniciativa se ha creado una plataforma a la que ya se han sumado unas treinta entidades, según cuenta a Esteban Ibarra, quien se muestra esperanzado de que salga adelante.

«Hay diálogo para una legislación que se ponga por encima de los intereses partidarios, con más de treinta ONGs apoyando la iniciativa sería imposible explicarle a la ciudadanía que no se ponen de acuerdo: tienen que hacerlo», señaló Ibarra, quien agregó que se trataría de una ley pionera en España, ya que ninguna región cuenta con un reglamento similar.

Además, serviría como punta de lanza para llegar al Congreso y podría ser la base para elaborar una ley estatal.

El propio parlamento madrileño aprobó el año pasado la primera Ley de Protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual, un primer paso insuficiente, porque sólo hace referencia a un colectivo. Sin embargo, la legislación sirve de base.

«El colectivo inmigrante quizás sufra aún más que el LGTBI, ya que muchos de ellos, cuando no tienen papeles, no se animan a denunciar«, explicó Ibarra.

Al calor de la lucha por la aprobación de una Ley Integral contra los Delitos de Odio nacen nuevas asociaciones para luchar contra esta lacra, como es el caso de ACDO (Asociación de Abogados contra los Delitos de Odio), organización jurídica sin fines de lucro cuyos objetivos van desde brindar ayuda a víctimas de estos delitos hasta asesorar a las administraciones y realizar investigaciones en este campo.

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