Una jueza imputa por incitación al odio a la líder del grupo neonazi Hogar Social por el ataque a la mezquita de la M30

, | 18 mayo, 2018

Acusa a Melisa Domínguez y archiva la causa para el resto de acusados de desorden público tras lanzar bengalas contra un lugar de culto

La Fiscalía determina que esta acción fue islamófoba y que provocó “discriminación o violencia” hacia un colectivo por motivo de su religión

“Es la primera vez que contra este grupo recae un posicionamiento conjunto de juez, fiscal y las partes”, destaca la ONG que promovió la denuncia

17/05/2018 Diario.es El juzgado de instrucción número 9 de Madrid mantiene la imputación a la líder del grupo neonazi Hogar Social, Melisa Domínguez, aunque pasa de acusarla de un presunto  delito de desorden públicoa uno de incitación al odio por el ataque a la mezquita de la M-30 (Madrid), según el auto al que ha accedido eldiario.es. La magistrada asume las alegaciones de la Fiscalía, ya que el Ministerio Público considera que la portavoz de este colectivo de extrema derecha ha tenido un comportamiento islamófobo.

 Los hechos investigados sucedieron el 22 de marzo 

del 2016 después de los atentados yihadistas perpetrados en Bruselas. Miembros de este colectivo lanzaron bengalas y botes de humo cerca de este centro de culto. En sus alrededores también colocaron un cartel con el lema “Hoy Bruselas ¿Mañana Madrid?”. La Red Española de Inmigración y de Ayuda al Refugiado llevó esta actuación ante la Fiscalía al considerar que constituyen “una vulneración del derecho de culto”. Durante la investigación policial, los agentes llegaron aidentificar las huellas dactilares de Domínguez en una bolsa de plástico que abandonaron tras el ataque.

Denunciada por la Red Española de Inmigración

Con este auto la magistrada da prácticamente por concluida la instrucción. En él también asume “íntegramente” las alegaciones de la Fiscalía en las que el Ministerio Público determina que esta acción ha supuesto en redes sociales “una incitación a una reacción de odio, hostilidad, discriminación o violencia hacia un colectivo muy concreto por motivo de su religión”. “Esto es islamofobia, – continúa reseñando la fiscal– provocada directamente o indirectamente por las actuaciones mencionadas anteriormente a las que se ha dado toda la publicidad posible en las redes sociales”, finaliza.

La Red Española de Inmigración y de Ayuda al Refugiado, que ejerce como acusación particular, valora positivamente que se acuse a Domínguez de un presunto delito de odio. “Es la primera vez que contra este grupo recae un posicionamiento conjunto de juez, fiscal y las partes tan claro y evidente”, destaca el portavoz del departamento jurídico, Estanislao Naranjo. 

Aunque lamentan que solo se mantenga la imputación contra ella. “No entendemos ni compartimos que la única culpable es la señora Domínguez, es inverosímil que se pueda creer que es la única integrante de su organización o la única que realiza todos los hechos que la Fiscalía asume como delito de odio”, reseña el letrado.

En el escrito judicial, emitido el 8 de mayo, la magistrada destaca que en 2016 se abrieron diligencias previas contra doce miembros del colectivo de extrema derecha, incluida la mediática Domínguez, por un presunto delito de desorden público. Posteriormente, este mes de abril, la fiscal Raquel Muñoz ha determinado que estos hechos son constitutivos de un delito de incitación al odio, aunque se limita a acusar a la líder de Hogar Social al considerar que es “la persona que participa de la actuación en su globalidad”. Para el resto de imputados solicita el archivo provisional de la causa.

La jueza suscribe esta postura y decreta el sobreseimiento contra el resto de acusados “al no quedar acreditada la intervención concreta en los hechos” y determina la continuación de las diligencias exclusivamente contra Domínguez. Para seguir adelante con el caso, propone a Fiscalía y acusaciones particulares que presenten un escrito “solicitando la apertura de juicio oral” o bien “el sobreseimiento de la causa”.

La Fiscalía analiza los comentarios en redes

La postura del Ministerio Público es clara y la fiscal impulsa la acusación como un delito de odio. En sus alegaciones realiza un relato de los hecho y determina que “varias personas colaboradoras y/o simpatizantes del grupo HSM” colocaron la citada pancarta “a unos 100 metros” del centro de culto. Asimismo, señala que lanzaron “bengalas de humo para darle visibilidad”, sin ocasionar “desperfecto material alguno”, y profiriendo “expresiones como ‘moros fuera, mezquita abajo, sois unos cabrones'”.

La fiscal recoge también el seguimiento que tuvieron estas manifestaciones en redes sociales. Destaca una publicación en el perfil de Twitter el mismo día de los hechos con el texto “acción realizada contra el islamismo radical en la mezquita M-30, mezquita que financiaba el estado islámico: Mezquitas fuera de Europa”. Y alude también la difusión de un vídeo de este ataque en Youtube.

En su escrito, el Ministerio Público asegura que se “ha provocado e incitado al odio” y destaca “el número de veces que la información se ha compartido” y la reproducción de este contenido. También alerta de los comentarios que ha provocado, pone algunos ejemplos, como: “Que se vayan a su país a dar por culo”, “sobráis”, “con todas las mezquitas de España habría que acabar pero con todos vosotros dentro”, “me ofrezco a ayudar e ir a por esa gentuza”, “que las quemen todas” o “fuera moros apestosos y cerdos de occidente, criaturas del averno”. Recopila decenas de estos mensajes para determinar que “esto es islamofobia”.

“Protesta pacífica”, según Hogar Social

La decena de acusados vinculados a Hogar Social, la mayoría absueltos en este nuevo auto,  declararon ante la jueza en noviembre del 2016 y aseguraron que realizaron una protesta “pacífica” ante la mezquita y, en consecuencia, defendieron que no incurrieron en ningún delito de odio ni de desórdenes públicos y que no se arrojaron bengalas al interior del recinto.

En ese momento, Domínguez aseguró que Hogar Social Madrid “en ningún momento atacó” la mezquita y que realizaron la protesta no por el hecho de ser un centro de culto islámico sino a raíz de lo expuesto en un auto de la Audiencia Nacional que apuntaba a que desde la mezquita se “financiaba el terrorismo”.

La acusación particular denuncia su “soledad” en este procedimiento judicial. “Lamentamos que Ayuntamiento y Comunidad de Madrid se hayan dado la mano para taparse los ojos en este procedimiento. Llevamos dos años pidiendo a las instituciones públicas que se personen en este caso, sin éxito”, apunta el letrado de la Red Española de Inmigración.

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