REBELIÓN.- “Se puede afirmar tajantemente la existencia de un trato discriminatorio (en las identificaciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) porque se aprecia una desproporción alta hacia determinados grupos minoritarios en función de su nacionalidad y su apariencia étnica”.
Ésta es la conclusión del informe “Identificación policial por perfil étnico en España. Informe sobre experiencias y actitudes en relación con las actuaciones policiales”, realizado este año por un grupo de docentes e investigadores del Institut de Drets Humans de la Universitat de València y del Centre for Criminology de la Universidad de Oxford, a partir del análisis de dos encuestas realizadas en abril de 2013 por Metroscopia con el apoyo de Open Society Foundations. El informe ha sido publicado por la Universitat de València, la Generalitat valenciana, Hurri-Age (Consolider-Ingenio 2010) y Tirant lo Blanc.
El estudio presenta conclusiones demoledoras. En los dos últimos años, se asegura, las personas migrantes y las pertenecientes a minorías étnicas tienen más probabilidades de ser paradas en la vía pública que el resto de la población. Es más, agrega el informe, “tanto el país de origen como la nacionalidad son factores que determinan que un individuo que no sea español tenga hasta dos veces más probabilidades de ser parado” por agente de la policía. En los dos últimos años, esta posibilidad se triplica.
En el informe -elaborado por los especialistas José García Añón, José Antonio García Sáez, Andrés Gascón Cuenca y Antoni Llorente Ferreres (del Institut de Drets Humans de la Universitat de València y Ben Bradford (de la Universidad de Oxford)- analiza también la apariencia como criterio identificatorio: “Las personas que tienen un aspecto caucásico europeo tienen la mitad de probabilidades de ser paradas en comparación con otras apariencias étnicas; las más afectadas son las personas que no son caucásicas nacidas fuera de España que, en los dos últimos años, tenían hasta cuatro veces más posibilidades de ser paradas”.
“Los que no tienen una apariencia caucásica y han nacido fuera de España tienen grandes posibilidades de ser parados en la vía pública: el 45% de las personas con este conjunto de características declararon haber sido paradas por la policía”, resume el informe.
Apunta la encuesta, asimismo, que la discriminación racial y étnica se concentra en colectivos como gitanos, magrebíes y africanos de piel negra. Las personas gitanas son identificadas 10 veces más que las que tienen apariencia caucásica europea; en el caso de las personas magrebíes, la tasa de desproporción es de 7,5 y en el de los afro-latinoamericanos, de 6,5, añade el trabajo, basado en una encuesta de Metroscopia con 2.000 entrevistas proporcionales a la distribución española y otras 800 proporcionales a la población minoritaria residente en España. “Todas estas diferencias no pueden explicarse por otros factores como las diferencias de edad de los diferentes grupos, áreas de residencia o los patrones de empleo”.
Al igual que se indica en otras investigaciones, las minorías de origen magrebí y la comunidad gitana experimentan, durante las paradas policiales una “satisfacción sensiblemente inferior en justicia procedimental”. Es decir, “entienden que son tratadas por parte de la policía en los encuentros policiales de forma menos justa que el resto de la población”. Además, según criterios religiosos, “los musulmanes se sienten peor tratados durante las paradas e identificaciones policiales que los cristianos y las personas de otras religiones”.
Además, en cuanto a las paradas en vía pública, éstas afectan en mayor medida a los hombres que a las mujeres; y a los jóvenes más que a los mayores, mientras que los jubilados y amas de casa tienen menos probabilidades que empleados, desempleados y, sobre todo, estudiantes. También se indica que los controles policiales realizados a vehículos no se basan principalmente en la apariencia étnica, sino en alguna otra característica o comportamiento.
El estudio trata (así lo afirma sus autores) de probar científicamente las denuncias que se han venido sucediendo en los últimos años por parte de asociaciones, ONG, organismos internacionales y el Defensor del Pueblo. A diferencia de lo que ocurre en otros países, se dice en el trabajo, en los que existe una recopilación oficial de datos, “en nuestro país no se cuenta con suficiente información del Ministerio del Interior y, en muchos casos, esta información resulta contradictoria”. De hecho, no se proporcionan datos sobre motivos de las identificaciones ni características de las personas identificadas (nacionalidad, etnia, edad, género…).
En el año 2012 se realizaron un total de 7.958.526 identificaciones en el estado español, en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que supone un incremento de unas 150.000 identificaciones respecto al año anterior, según los datos del Ministerio del Interior (son cifras absolutas: no se distinguen motivos ni perfiles de población). Se trata de números muy elevados si se comparan con países como Reino Unido.
Los autores del trabajo afirman que la identificación policial basada en la selección étnica “perpetua estereotipos sobre los delincuentes y las minorías étnicas que supuestamente son más propensos a cometer delitos. Esto es, se toman decisiones sobre la investigación en función de los atributos del grupo, por la pertenencia a un grupo étnico, racial, nacional o religioso; en lugar de fundamentarse en un comportamiento potencialmente sospechoso”. En el prólogo, el catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, Javier de Lucas, afirma que “nadie está seguro si su aspecto le va a delatar, si el color de su piel va a ser motivo de continua sospecha”.
“La necesidad de identificar, detener y expulsar a los inmigrantes sin papeles como un problema de primer orden, los convierte en un chivo expiatorio del resto de dificultades que arrastran nuestras sociedades en la actualidad: crisis económica, carencia de legitimidad política y desintgración social, entre otras”, añade el catedrático y miembro del Consejo Científico de ATTAC.
El informe constata que no existen datos oficiales detallados, por apariencia étnica o nacionalidad, de las personas a las que se les ha solicitado la documentación en la calle o se les ha trasladado a comisaría por la sospecha de que han cometido un delito, falta o por quebranto de una norma administrativa. Sin embargo, ONG, entidades de la sociedad civil, informes de organismos internacionales y el Defensor del Pueblo han denunciado y documentado reiteradamente estos modos de actuar.
El estudio subraya que la Dirección General de la Policía ha asumido implícitamente que se estaban produciendo estas prácticas, por medio de una Circular con fecha 16 de mayo de 2012 (nº2/2012 sobre identificación de ciudadanos) en la que se prohíben los cupos de identificación o detención de extranjeros y las actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos.
“Estas prácticas son un hecho habitual, extendido y cotidiano que se encubre dentro de la actuación discrecional de la policía, en ocasiones justificado como necesario para la efectividad policial, e impune porque resulta difícil de probar”, argumentan los autores del informe.
Otro punto abordado en el trabajo son las consecuencias que se derivan de las identificaciones. De los datos analizados se desprende que, pese a que las personas de etnia diferente a la caucásica tienen más probabilidades de ser paradas, “no existe una diferencia criminológica o sancionadora significativa en cuanto al resultado de tales paradas”. “Esto indica que la selección por perfil étnico es un criterio altamente inefectivo para identificar a personas que puedan haber cometido un delito u otra infracción legal”.
Por último, en el estudio “Identificación policial por perfil étnico en España. Informe sobre experiencias y actitudes en relación con las actuaciones policiales”, los autores recuerdan que el Consejo de Ministros del Consejo de Europa adoptó el 10 de julio de 2013 una resolución en la que muestra su preocupación porque “siguen recibiendo denuncias sobre casos de abusos policiales, y no existe ningún órgano independiente que los investigue”. Además, “a pesar de que entró en vigor el 21 de mayo de 2012 la instrucción de la Dirección General de la Policía que prohíbe las cuotas de detención de inmigrantes y las redadas indiscriminadas, se sigue denunciando que la policía utiliza como práctica generalizada los perfiles étnicos: las personas perteneciente a algunas minorías son desproporcionadamente detenidas y registradas, especialmente en el transporte público y en la calle”.
En su informe tras visitar España (enero de 2013), el Relator Especial de Naciones Unidas en materia de discriminación racial y xenofobia, Mutuma Ruteere, también denunció que, al parecer, “el uso de perfiles étnicos persiste desde la entrada en vigor de la nueva circular”.
