Este miércoles se celebra el pleito tras la denuncia presentada alegando «acoso laboral» desde que comenzó el proceso de reasignación. La entidad denunciada gestiona dos centros de acogimiento de menores y recibe anualmente 1,3 millones de euros de la Comunidad de Madrid. En 2013 la organización le despidió y le readmitió a los pocos meses, después de que el afectado asegurase en medios que le cesaron por ser transexual
LAURA GALAUP. ELDIARIO.ES.- Desde que Daniel Román comenzó el proceso de reasignación de sexo, este enfermero madrileño sostiene que la ONG para la que trabaja no ha hecho más que ponerle trabas. Un año después de comunicar a sus jefes que había comenzado el proceso de hormonación, le despidieron. Su cese, en el 2013, generó tal revuelo mediático que la entidad tuvo que readmitirle unos meses después
Ahora cuenta a eldiario.es que, nada más reincorporarse, el trato «era cordial» en su puesto de trabajo. Aunque la relación se volvió a deteriorar y el año pasado les denunció por el acoso que «viene sufriendo desde que se sometió a un tratamiento de cambio de sexo». Este miércoles se celebra el juicio, en el que defenderá que la ONG inició una estrategia para volver a despedirle, emitiendo sanciones que asegura que no están bien argumentadas.
«Me la tenían jurada por haberles sacado en medios. Al comienzo lo supieron manejar, todo lo hacían muy encubierto, trataban de que no fuese muy exagerado. Creo que han esperado un tiempo y ahora han intentado maquillarlo con otras cosas. Es una revancha», relata.
El juzgado de lo social nº 6 de Madrid celebra este miércoles el juicio, si previamente no llegan a acto de conciliación. La entidad denunciada, Nuevo Futuro Sirio, gestiona dos centros de acogimiento de menores tutelados por la Comunidad de Madrid y recibe anualmente 1,3 millones de euros del Gobierno regional para prestar este servicio. Pertenece a la misma Federación que la asociación Nuevo Futuro presidida por la infanta Pilar de Borbón, tía del rey. Esta organización despeja balones y asegura que no tiene nada que ver con la ONG denunciada a pesar de que comparten nombre y domicilio social.
Tras el despido fallido en 2013, Román sospecha que la entidad quiere volverlo a intentar apoyándose en esta ocasión en una retahíla de sanciones que asegura que no ha cometido. Nuevo Futuro Sirio no ha querido pronunciarse sobre esta denuncia.
«Como en 2013 me despidieron por desobediencia e indisciplina reiterada en el trabajo y no aportaron documentación, ahora, en menos de un mes, he acumulado dos sanciones. Con una más mi cese sería procedente, aunque las infracciones que argumentan sean mentira», cuenta.
Peligra su financiación pública
Tras la aprobación de la ley regional contra la LGTBifobia, la Comunidad de Madrid considera una infracción grave «discriminar a un trabajador por razón de la orientación sexual, identidad o expresión de género, sea ésta real o percibida». Por lo tanto, además de acarrear una sanción de 3.001 hasta 20.000 euros puede suponer la prohibición de acceso a «cualquier tipo de ayuda pública de la Comunidad de Madrid», Román no ha iniciado un procedimiento por esta vía. Según informan desde el Gobierno regional, es necesario presentar una denuncia ante esta institución para que la normativa se pueda aplicar.
Según relata, la primera sanción que le impusieron fue por negarse a acudir a reuniones de coordinación programadas en sus horas de sueño. «Me obligaban a acudir a reuniones a las dos de la tarde en el centro, cuando salgo de trabajar a las nueve de la mañana. Si al día siguiente libraba, sí que acudía pero sino, era imposible, necesito dormir», reseña.
El segundo apercibimiento grave llegó después de que le denegaran una baja porel nacimiento de su sobrino. Según reconocen en el apercibimiento por escrito, al que ha accedido eldiario.es, 15 días antes del parto de su hermana avisó de que saldría de cuentas en breve y tras el alumbramiento confirmó por correo electrónico que esa noche no acudiría al puesto de trabajo.
Sancionado por ser «indispensable»
No le concedieron los días por la «imposibilidad» de sustituirle tras su petición de carácter urgente, a pesar de que en la amonestación escrita reconocen que «dicha licencia se encuentra regulada en el Convenio así como en el Estatuto de los trabajadores» y que presentó el justificante médico. «Usted sabe perfectamente que su puesto de trabajo es indispensable y no puede quedar vacío el turno que habitualmente realiza», apunta el portavoz de la entidad. El denunciante no acudió esa noche al centro.
Para evitar una tercera amonestación, Román denunció esta sanción al considerar que no está amparada por la normativa laboral. Según analiza el sindicato CCOO, la jurisprudencia del Tribunal Supremo reconoce «el derecho de los trabajadores a disfrutar de la licencia o permiso retribuido por hospitalización de un pariente de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad en caso de parto, aunque sea un parto normal y sin complicaciones».
Román ha denunciado que «esta sanción es un capítulo más del acoso que viene sufriendo el actor desde que se sometió a un tratamiento de cambio de sexo».
De baja por estrés
«Esta situación de acoso y discriminación ha provocado su baja médica y la interposición de una denuncia ante la Inspección de Trabajo, y aunque su deseo es mantener su puesto de trabajo, derivará seguramente en la interposición de una demanda de extinción de la relación laboral», continúan en la demanda.
Román llegó a este puesto de trabajo en 2011, cuando todavía no había reivindicado su cambio de nombre. Trabaja en el turno de noche, supervisa a los menores y organiza la medicación que tienen prescrita a lo largo del día. Este joven de 29 años cuenta que cuando hizo pública su transición de género – siempre según su relato – le «invitaron» a marcharse. «Entendían la transexualidad como un problema. Intentaron ocultárselo a los chavales, les comentaron que yo tenía un problema mental», indica.
El 15 de agosto del 2013 le confirmaron su despido, con una carta en la que lo justificaban por su actitud «indisciplinada y desobediente». «Llegamos a ir a acto de conciliación, pero no hubo acuerdo. Después hubo una reunión con una diputada del PSOE, les planteamos que íbamos a ir a juicio y que si perdíamos seguiríamos hasta el Tribunal de Estrasburgo. Me terminaron readmitieron aceptando la vulneración de derechos y que había sido un error», cuenta.
La readmisión no se produjo en el mismo centro, se incorporó a uno diferente. Él sospecha que así la entidad ya no tenía que explicar a los menores residentes en qué consistía la transexualidad porque ya comenzaba a trabajar como Daniel. «Estoy convencido de que no van a parar hasta que no consigan echarme de manera que no puedan ser señalados», explica Román sobre la actitud que ha denunciado ante los tribunales. Espera que tras el juicio ambas partes lleguen a un acuerdo para que se extinga su relación laboral porque actualmente le genera ansiedad pensar que tiene que volver a ese puesto de trabajo.
