Un 65% de españoles es partidario de abrir vías legales para la inmigración

| 16 enero, 2020

Una encuesta encargada a principios de 2019 por el Gobierno revela que los mensajes xenófobos no cuentan con tantos seguidores


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Un 65% de españoles es partidario de abrir vías legales para la inmigración

Una encuesta encargada a principios de 2019 por el Gobierno revela que los mensajes xenófobos no cuentan con tantos seguidores

MARÍA MARTÍN. EL PAÍS.- Los discursos contra la inmigración acumulan likes en las redes y soflamas durante las campañas, arrancan también miles de votos, pero los españoles se muestran mucho más tolerantes con los extranjeros de lo que reflejan algunos discursos. Una encuesta encargada a principios del año pasado por el Gobierno sobre la percepción de la inmigración revela que los mensajes xenófobos no cuentan con tantos seguidores en España. El documento se encomendó antes de la convocatoria de las elecciones generales de abril y las entrevistas se realizaron entre el 22 de febrero y el 4 de marzo. La encuesta llevaba guardada en un cajón desde entonces para evitar que el tema interfiriese en campaña y solo ha sido divulgada ahora con la incorporación del nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá.

El sondeo de Sigma Dos, con 1.200 entrevistas, revela posiciones sorprendentes de los españoles, dada la reacción negativa que algunos temas han provocado en el último año. Un ejemplo de ello es que el 72% de los españoles cree que España debe aceptar la llegada de barcos de rescate de inmigrantes que hayan sido rechazados por otros países. Los entrevistados de más edad son los que más rechazo muestran ante la acogida, mientras que los que cuentan con más recursos y que tienen estudios superiores son más partidarios de la recepción de los barcos.

La pregunta se refiere a la recepción de buques como el Aquarius, cuyo desembarco en el puerto de Valencia en junio de 2018 con 630 personas a bordo sirvió a la oposición para acusar a los socialistas de haber creado un “efecto llamada”. El propio Gobierno cambió su política con los barcos de rescate y tras abrirles puerto en cinco ocasiones decidió prohibir la salida de buques con bandera española como el Open Arms para evitar que acabasen recurriendo a España para desembarcar. España también se desmarcó del reparto entre países europeos de inmigrantes rescatados y desembarcados en Malta e Italia.

Los españoles, dice la encuesta, teniendo en cuenta “la evolución favorable de la economía y el envejecimiento de la población”, también se muestran partidarios de aumentar la población inmigrante y promover vías legales para la entrada de extranjeros. Un 65% de los encuestados aprueba esta propuesta, una de las apuestas de Escrivá para el sostenimiento del sistema de pensiones. Esta medida encuentra menor respaldo, un 51%, entre los votantes del PP y más partidarios entre los de Podemos (83,8%) y Ciudadanos (74,5%). La encuesta refleja las preferencias partidarias de los encuestados (PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y otros), pero no de Vox, que en aquel momento no había entrado aún en el Parlamento.

Entre las 15 preguntas planteadas en el cuestionario no hay ninguna referente a los refugiados ni a los menores extranjeros no acompañados, dos colectivos sensibles para la opinión pública y claves en la gestión migratoria.

Aun cuando se ha explotado la idea de que los inmigrantes se aprovechan de los servicios públicos, la mayoría de la población es partidaria de garantizar sus derechos. El 73,7% aprueba que se conceda la nacionalidad española a los inmigrantes que residan unos años (sin determinar cuántos) en España. Esta es, precisamente, una de las principales reivindicaciones de especialistas y abogados de extranjería, que piden disminuir y flexibilizar plazos.

Casi la unanimidad de los encuestados (89,4%), especialmente los jóvenes de 18 a 29 años, apoya también que los hijos de inmigrantes nacidos en España tengan los mismos derechos que los españoles. Al mismo tiempo, cerca de siete de cada diez españoles aprueba que los inmigrantes, tras cinco años residiendo en España, tengan derecho a votar en las elecciones y ser candidatos. Por otro lado, solo el 7% de los españoles, especialmente estudiantes y parados, rechaza que los trabajadores inmigrantes cuenten con los mismos derechos laborales que los españoles.

Más de un tercio de los entrevistados cree que la población extranjera es más numerosa de lo que en realidad es. Este es un sentir generalizado en Europa donde varias encuestas han llegado a la misma conclusión. En España, un 10,6% de sus habitantes son extranjeros (de la UE y de terceros países), pero el 36,5% de los españoles considera que el porcentaje de inmigrantes supera el 15%. Los parados vuelven a aparecer, esta vez, como el segmento que más sobredimensiona la inmigración.

A la hora de buscar las fórmulas más efectivas para disminuir la inmigración irregular, dos de cada diez entrevistados apoyan que se endurezca la legislación y se aumenten las expulsiones. El respaldo se ve principalmente entre votantes del PP (un 36,6%) y en el segmento de entrevistados con estudios primarios (32%). En otro plano, se sitúan casi siete de cada diez españoles que apuestan por aumentar la cooperación con los países de origen de los inmigrantes.

Las costumbres de los inmigrantes han servido para espolear los discursos de algunos partidos y es, esta cuestión, la que divide más a los españoles. La mitad de los entrevistados cree que las costumbres de los extranjeros que viven en España suponen un choque cultural, una percepción que se ve más acentuada, una vez más, entre los votantes del PP (63%).

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