El país no dispone de una ley de asilo, lo que deja a los refugiados reconocidos por ACNUR en una situación legal precaria
RICARD GONZÁLEZ. EL PAÍS.- “Túnez es para mí como una cárcel a cielo abierto … Ni puedo salir, ni tampoco puedo construir nada aquí”, lamenta Joseph (un nombre falso), un joven refugiado de mirada bondadosa que reside en Túnez desde hace más de tres años. Originario de República Centroafricana, su comunidad ha sufrido especialmente los estragos de la guerra que asola el país desde 2015, razón por la que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) le concedió el estatuto de asilado. Sin embargo, y como sucede a muchos otros refugiados, su situación en el país magrebí es precaria a causa de la negligencia de las autoridades tunecinas.
“Mi tarjeta de ACNUR evita que la policía me deporte, pero como el Gobierno no me da el permiso de residencia, estoy en una especie de limbo”, comenta Joseph. Por ejemplo, no puede beneficiarse de los servicios públicos de educación o sanidad, ni trabajar de forma legal, o incluso poner una denuncia ante la policía al haberle sido sustraído su pasaporte hace unos meses. Esta situación le expone a todo tipo de abusos, como la explotación laboral.
“Al trabajar en negro, los patrones me pagan menos que a los tunecinos, y no tengo ningún derecho laboral”, se queja. Su sueldo actual haciendo de chico para todo de una empresa, de pintor a ebanista, es de 500 dinares (155 euros). Incluso su anterior casero se aprovechó de su debilidad: le echó una semana después de haber entrado en el apartamento habiendo pagado el primer mes y un depósito.
“El gran problema de los refugiados es que en Túnez nunca se aprobó una ley de asilo que transponga a su ordenamiento jurídico la convención internacional de los refugiados de 1951, que el país sí ha firmado. Por eso, no les dan automáticamente el permiso de residencia, que sería lo normal”, explica Blemassi Touré, un marfileño presidente de la asociación de africanos ALDA y residente en Túnez desde hace ocho años.
Esta laguna legal produce algunas situaciones grotescas. Por ejemplo, si Joseph quisiera abandonar el país, antes debería desembolsar más de 3.000 dinares (1.000 euros) en concepto de multa por haber residido ilegalmente en el país -son 20 dinares a la semana-. “Toda mi familia huyó a Camerún, y me planteo reunirme con ellos. Pero no tengo esos 3.000 dinares”, dice encogiéndose de hombros.
Según la oficina local de ACNUR, hay 1.093 refugiados registrados con la organización en Túnez, una cifra modesta para un país de 12 millones de habitantes. Entre ellos, predominan los originarios de Siria y de diversos países del África Subsahariana. “En algunos casos específicos, la opción de ser realojados en un tercer país es posible. No obstante, a una escala muy pequeña”, declara Mina Shehata, portavoz de ACNUR en este país magrebí.
La agencia de la ONU proporciona asistencia para sufragar las facturas de sanidad y educación, como la compra de libros para la escuela. También ofrece la ayuda para encontrar un empleo a través de la ONG ADRA. Un contrato legal es la única vía para obtener el permiso de residencia. No obstante, algunos refugiados se quejan que las ayudas son insuficientes y que ADRA no funciona de forma eficaz.
El efecto nocivo de las políticas de la UE
Tras la Revolución de 2011, una propuesta de ley de asilo fue registrada en el Parlamento, de acuerdo con la nueva Constitución de 2014, que reconoce el derecho al asilo en el país. Pero desde entonces, duerme el sueño de los justos. “Túnez nunca ha querido aprobar esta ley por temor a que luego la UE lo presione para firmar un Partenariado de la Movilidad que le obligue a recibir a los migrantes interceptados en altamar que hayan pasado por su territorio aunque no sean de nacionalidad tunecina”, sostiene Valentin Bonnefoy, investigador de la fundación tunecina FTDES. Para los tunecinos, de todos los partidos, esta es una línea roja. Existe un amplio consenso político y social contra la petición europea de convertirse en un punto de desembarco de los migrantes que van a Europa.
Así pues, el endurecimiento de la política migratoria de los países de la UE, y sus consiguientes presiones a los países del sur del Mediterráneo, repercute en una violación de los derechos de los refugiados en Túnez. Como es de esperar, lo mismo sucede con los migrantes. “Se han registrado casos en los que a los migrantes no se les ofrece la posibilidad de ponerse en contacto con ACNUR por si desean presentar una solicitud de asilo”, denuncia Bonnefoy. A menudo, no existe ni tan siquiera ponen a su disposición intérpretes del árabe en los procesos administrativos y legales en los que se ven envueltos.
Cuando la policía intercepta migrantes sin los papeles en regla, los suele llevar a la prisión de Wardia, a las afueras de la capital. “La mayoría son deportados, pero las autoridades tunecinas les exigen que paguen antes la multa por residir ilegalmente y el billete de avión”, explica Blemassi Touré. Un opaco velo cubre el recinto y sus condiciones de detención, pues solo le está permitida la entrada a la Cruz Roja. “Si los migrantes no pagan su billete, en algunos casos se les ha deportado de forma secreta a Argelia. Es una acción muy peligrosa porque los dejan en una zona remota y, por ejemplo, una chica fue violada”, asegura Touré. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado esta práctica en la propia Argelia, donde parece ser más común.
