EFE.- SOS-Racismo Madrid, Pueblos Unidos, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía y Asociación libre de abogados, entre otras entidades, han presentado hoy ante el Defensor del Pueblo una queja por la que califican de «redada racista» realizada en el municipio de Galapagar el pasado 11 de diciembre.
Esa «redada racista» fue, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado, una operación «contra la inmigración irregular en España», en la que la Policía Local, en colaboración con la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, detuvo a seis personas -cuatro de origen marroquí y dos hondureños- e identificó a un total de 112.
Según el Ayuntamiento, uno de los detenidos tenía una orden de expulsión en vigor y a los otros cinco, que estaban en situación ilegal, se les abrió expediente para expulsarles del país.
Desde un punto de vista diferente, las citadas entidades han calificado de «muy graves» los hechos porque suponen, han asegurado, «la identificación indiscriminada de personas al objeto de controlar su situación administrativa».
A su juicio, en esa intervención se realizaron identificaciones «a personas cuya apariencia física difiere de la mayoritaria y sin que medien motivos de indicios de un delito, de alteración del orden público o de inseguridad ciudadana».
En ese sentido, han subrayado que «las identificaciones basadas en perfiles étnicos o raciales es contraria a derecho», al tiempo que han recordado que son numerosas las instituciones que han solicitado al ejecutivo central que abandone esta práctica.
Por ello, piden que se investiguen los hechos denunciados para que se depuren responsabilidades y se evite que se vuelva a producir una situación similar.
Por su parte, desde el Ayuntamiento se ha recalcado que la Policía está también para hacer cumplir las leyes, ordenanzas y normativas de contenido administrativo como es la infracción que cometen los extranjeros que se encuentran de forma irregular en España.
«Tenemos la obligación de hacer cumplir la Ley independientemente de que sean de una u otra raza o de uno u otro país», ha señalado el consistorio, antes de rechazar que eso pueda ser considerado «xenofobia o racismo».
Además, ha indicado que el Gobierno local debe llevar a cabo todas aquellas políticas de vigilancia que considere oportunas para poder garantizar el cumplimiento de normativas, ordenanzas y leyes, trabajando así por lograr una «convivencia pacífica» entre todos los vecinos de Galapagar.
Por ello, invitan a todos aquellos que no estén de acuerdo con esta situación a acudir a los Juzgados si consideran que tienen algo que denunciar.
