El País/TRIFONIA MELIBEA OBONO NTUTUMU.- Las redes de trata captan a personas LGTBIQ+ aprovechándose del rechazo de muchas familias, que consideran la homosexualidad un embrujo o una enfermedad.
La trata de personas LGTBIQ+ con fines de explotación sexual y laboral en la República de Guinea Ecuatorial se produce de manera singular. Las familias, envueltas en la definición ancestral de la homosexualidad como una enfermedad, un embrujo, una posesión de malos espíritus o un producto de la mala educación, se sienten desgraciadas cuando descubren que en su seno existe una persona disidente sexual.
A partir de entonces ponen en funcionamiento una serie de medidas. La primera es la curación, con prácticas de origen bantú y cristiano-católico, que se lleva a cabo en secreto.javascript:falsePUBLICIDAD MÁS INFORMACIÓNEmbarazadas a la fuerza como remedio contra la homosexualidad
Ante las preguntas del vecindario, la familia se excusa alegando que el o la descendiente se encuentra de viaje, ingresada por alguna enfermedad tropical o estudiando en casa de familiares en la zona más alejada del país. En esa primera fase, la persona homosexual sufre el encierro en su hogar de nacimiento o en un centro de sanación, sin derecho a la libertad de movimiento o de expresión.
Las familias ignoran que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales en el año 1990. Inmersas en el desconocimiento, introducen a sus descendientes en curanderías e iglesias, lugares de curación que utilizan violencias de todo tipo –la sexual, especialmente–, y ritos de curación de la brujería. Por ejemplo, la iniciación en la religión buti, cuya práctica incluye el consumo habitual de la droga eboga, de fuertes efectos alucinógenos y un alto índice de fallecimientos invisibilizados.
Las terapias de conversión son nefastas para la salud física y mental de las personas LGTBIQ+. El proceso de curación suele comenzar en la preadolescencia, entre los nueve y diez años. Sin estudios, sin autoestima, sin protección familiar o del Estado, las personas LGTBIQ+ son vulnerables a cualquier promesa de salvación. Las redes de trata emplean el engaño y se disfrazan de familias de acogida, de parejas, de amistades o de buenas personas contrarias a la homosexualidad.
A cambio de comida, de un teléfono móvil, de dinero, de amor o de amistad, los y las tratantes consiguen el consentimiento de las víctimas y poco a poco adquieren autoridad económica y moral sobre ellas. Los captados no son conscientes en un primer momento de que todos esos favores constituyen una deuda de por vida.
El secuestro de las familias
Las familias, en todo caso, se han instituido como principal institución tratante. A veces secuestran a su descendencia, nacida de la maternidad y paternidad forzadas. Es más, en nombre de la manutención de esta descendencia no deseada, algunas familias explotan mediante la prostitución a las personas LGTBIQ+. Saben que constituye el único trabajo que la sociedad y los poderes públicos reservan para ellas.
Los tratantes recurren a esa misma estrategia, además de otras, como el secuestro de documentos. Así restringen el acceso de las personas LGTBIQ+ a las instituciones públicas y al acceso a la salud, porque carecen de identificación.
La cadena de deudas que arrastran las personas LGTBIQ+ en las redes de trata con fines de explotación sexual y laboral ha dejado en lo que va de 2022 al menos cuatro fallecimientos en extrañas circunstancias. Por razones de seguridad no podemos difundir los datos personales de las víctimas. Los cuerpos aparecen lastimados con objetos punzantes.
El papel de las iglesias, policías y militares de alto rango
El 20% de las niñas y mujeres transgénero encuestadas por la organización Somos parte del Mundo reconoce haber sufrido violencia sexual con fines de curación de la homosexualidad a manos de sacerdotes y pastores. Cerca de la mitad de las 305 personas LGTBIQ+ encuestadas vivió en los internados dirigidos por congregaciones religiosas de origen cristiano-católico por motivos escolares y la mayoría fue descubierta como homosexual por el estudiantado, el profesorado y la directiva. El 10% de los casos tuvo que rezar de forma continuada durante días por los pecados cometidos. Un 10% cuenta que la directiva llamó a los tutores legales y habló con ellos. En el 19% de los casos, según la encuesta, una vez que se conoció su homosexualidad, los adolescentes sufrieron abusos sexuales frecuentes por parte de otros alumnos, de los profesores o los directores.
Las víctimas están dispuestas a identificar a los agresores, pero a cambio solicitan protección, especialmente una vía de escape del país. El motivo, aseguran, es el lugar privilegiado que ocupan las iglesias en la estructura del régimen gobernante.
Las familias no solo consideran entidades curativas a las Iglesias católicas y reformadas. También las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado reciben el mismo respaldo para reformar (mediante violencia) a varones homosexuales. La mitad de las personas encuestadas aseguran que militares y policías de alto rango trasladan con frecuencia a Malabo a menores transgénero. Allí su destino es ser recluidas y prostituidas en viviendas de barrios ricos. Según el 40% de las personas encuestadas, la demanda de menores–heterosexuales y LGTBIQ+– en el mercado de la prostitución procede de la clase alta.
¿Por qué las personas LGTBIQ+ no denuncian?
La trata de personas, la explotación sexual y la violencia ejercida con fines de curación de la homosexualidad apenas se denuncian. La pregunta al respecto recoge una diversidad de instituciones establecidas para tal fin: los juzgados, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Quejas y Peticiones del Parlamento… Cerca del 90% de las personas encuestadas por Somos parte del Mundo nunca ha oído hablar de estas instituciones, excepto de los juzgados (pero las personas LGTBIQ+ no suelen frecuentarlos para resolver problemas debido a su alto coste). El 18% de la muestra reconoce que ha denunciado casos de violencia en comisarías de policía, y solo el 3% indica que en su caso se hizo justicia.
El 75% de las personas encuestadas nunca ha denunciado la violación de sus derechos porque no confía en la justicia de su país. Dentro del 18% de las personas que sí han denunciado las respuestas sobre su nivel de satisfacción fueron diversas y variadas, como “me dijeron que me merezco todo tipo de maltrato por ser maricón” o “me dijeron que son problemas de familia”.
