Relator de la CIDH afirma que los derechos humanos son igual «off line que on line»

| 21 mayo, 2019

EFE. ELDIARIO.ES.- El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, aseguró este lunes que los derechos humanos son igual «off line que on line», por lo que los Estados deben preservarlos.

Durante su participación en el evento de lanzamiento del informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) «Bots, Netcenters y Combate a la Impunidad», Lanza, relator especial de la CIDH desde octubre de 2014, analizó este fenómeno y sus efectos en la libertad de prensa y de expresión.

En este sentido, dijo que los sistemas de protección de derechos humanos «son muy claros» y que los Estados deben desempeñar una serie de obligaciones, como la «de prevenir, proteger y procurar justicia» para los más atacados, periodistas y activistas.

Consciente de que ese sistema de protección en Guatemala no está funcionando bien, el abogado y comunicador uruguayo lamentó que algunos altos funcionarios y presidentes, a los que no mencionó, realicen acusaciones contra medios de comunicación y profesionales del sector y aseguró que la prevención pasa por «respetar el rol de prensa, por no desacreditarla y por no pedirle que revele sus fuentes cuando investigan hechos de corrupción».

Al hilo del informe, que narra cómo las organizaciones político-económicas ilícitas de Guatemala utilizan las redes sociales como medio de propaganda y difusión para conseguir impunidad a través de noticias falsas y un discurso de odio y difamación que difunden en los Netcenters, cuentas conectadas directa o indirectamente de forma física o virtual, Lanza pidió «mecanismos de protección que tengan en cuenta las amenazas digitales».

En esta línea, dijo que no quieren que estos abusos sean tratados con una respuesta penal porque esto puede provocar que en un futuro se enjuicie a un periodista que realiza bien su trabajo, por lo que insistió en la necesidad de hacer una distinción entre desinformar y amenazar a alguien o incitar al odio.

Estas redes, arguyó, hacen «escarnio de las libertades» y se apoyan «en la libertad de expresión y en este mundo tecnológico para afectar deliberadamente» la información, la defensa de los derechos humanos, la independencia judicial, el Estado de Derecho y la labor de los periodistas, fundamental «como ejercicio del control social».

En este contexto, pidió no caer en la confusión y analizar cómo funcionan, y condenó la desinformación que tiene como objetivo ser «un intento deliberado de engañar a parte del público o a su totalidad», aunque admitió que el movimiento anticorrupción de buena fe en Guatemala es «infinitamente superior» a los que generan «esta forma de violencia en línea».

El informe presentado este lunes señala que se comprobaron que entre los mayores «influenciadores» de información estaban unas 12 cuentas, la mayor parte de ellas localizadas en Guatemala -principalmente en la capital y en Xela aunque con crecimiento en Cobán-, pero también emitían opiniones desde otros países como Colombia o Estados Unidos, lo que hace referencia a la contratación de «IP dinámicos que cambian la ubicación de los tweets».

A pesar de ello su alcance es distinto. Si se toma el total de usuarios que hablan públicamente de la lucha anticorrupción, el 82 % son perfiles que están comprometidos con los esfuerzos anti-impunidad y el 18 % detractores, mientras que el número de tweets (contenido) se invierte, llegando al 65 % en los que atacan a la CICIG y el 35 % que la defienden.

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