Dos de las reclamaciones que tramita el Consejo Nacional de la Discapacidad son de familiares de enfermos de covid-19 a los que supuestamente se negó su ingresó en la UCI en un hospital madrileño y en otro de Catalunya
SANTIAGO F. REVIEJO. PÚBLICO.- El Consejo Nacional de la Discapacidad, órgano del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, recibió desde que comenzó el estado de alarma hasta el pasado 8 de junio 52 quejas y tres consultas de personas que consideraron discriminados sus derechos en diferentes ámbitos, el 58% de las cuales eran residentes en la Comunidad de Madrid.
Dos de las quejas, aún pendientes de resolución, son de familiares de enfermos de covid-19 a quienes se desestimó, supuestamente por su discapacidad, su ingreso en la UCI, uno en un hospital madrileño y otro en uno de Catalunya.
La Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS), dependiente del Consejo Nacional, atiende consultas, quejas y denuncias de personas con discapacidad o de asociaciones e instituciones relacionadas con ellas, que consideren haber sido objeto de discriminación por haberse incumplido las obligaciones de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
Este órgano gubernamental entiende como queja o denuncia un hecho que pueda constituir una vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de estas personas. Tras su estudio, y si comprueba que se ha cometido un incumplimiento, propone a las entidades involucradas recomendaciones para erradicarla y hace un seguimiento del caso.
Desde el pasado 14 de marzo, la OADIS ha recibido 55 peticiones de intervención por falta de accesibilidad en servicios públicos y privados, problemas con los permisos de aparcamiento durante el estado de alarma, dificultades de comprensión y acceso a la aplicación oficial Covid-19, vulneración del derecho a la educación durante el confinamiento, para evitar sanciones a personas con discapacidad intelectual que realizaban salidas terapéuticas, por cambios en las líneas de transporte y otros temas relacionados con supuestas discriminaciones de los derechos de un colectivo que en España forman unas 4 millones de personas, en torno al 9% de la población de este país.
Según los datos facilitados a Público por el Ministerio de Derechos Sociales, el 58% de las quejas proceden de la Comunidad de Madrid, que suma 32 (dos de ellas extensivas a todas las comunidades autónomas), a la que siguen muy de lejos Castilla-La Mancha, con 4, las mismas que Andalucía, luego Murcia, con 3, y Extremadura, Catalunya, Comunidad Valenciana y Castilla y León, con 2 cada una.
La preponderancia de la Comunidad de Madrid en este cómputo de quejas de la OADIS no es nueva, sin embargo, ya que en años anteriores también destacaba muy por encima del resto de territorios, de acuerdo con las tablas que figuran en la web de este organismo.
Dos de las quejas hacen referencia a uno de los asuntos más controvertidos durante la pandemia: los protocolos de triaje establecidos para determinar qué enfermos de covid-19 podían ingresar en las colapsadas Unidades de Cuidados Intensivos, un tema que ha sido especialmente polémico en la Comunidad de Madrid, donde la oposición ha exigido una investigación sobre las directrices que dio al respecto la Consejería de Sanidad a los hospitales tras conocerse que se habían llegado a emitir órdenes para que personas con discapacidad y mayores con dependencia fueran excluidas incluso de una hospitalización. Ambas quejas se encuentran aún en estudio, según la OADIS, y pendientes de los informes de las administraciones intervinientes en cada caso.
La primera de ellas, que son dos en realidad, una presentada por la familia de la afectada y otra por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI de Madrid, se refiere al caso de una mujer de 56 años con discapacidad intelectual a la que a finales del pasado mes de marzo presuntamente se le denegó el acceso a la UCI del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares cuando sufría una neumonía avanzada a causa del coronavirus, según denunció públicamente su hermana y tutora legal. La OADIS, según fuentes del Ministerio, ha solicitado al hospital por dos veces un informe sobre este asunto y una vez a la Consejería de Sanidad, pero todavía no ha recibido respuesta de ninguno, por lo que mantiene abierto el expediente.
