Una nueva ley aprobada por el Senado de Berlín el 5 de junio establece que los policías tendrán que probar su inocencia
ROSALÍA SÁNCHEZ. ABC.- El pasado fin de semana, ignorando la distancia social, 15.000 manifestantes se concentraron en Berlín Alexanderplatz para sumarse a las protestas estadounidenses. Aprovechando el evidente interés de la opinión pública alemana, la líder del Partido Socialdemócrata (SPD) Saskia Esken se pronunció ayer a favor de investigar también el racismo y la violencia policial en la policía germana. Una «investigación independiente» debería analizar las «denuncias existentes» sobre violencia policial, dijo al grupo de medios de comunicación Funke, que justificó la medida en la «desconfianza de una parte de la población al proceder policial». «No investigar», advirtió, «implicaría dejar crecer la impresión de que se da más valor al cuerpo policial que a los derechos de los ciudadanos».
El SPD se suma así a la iniciativa del gobierno regional de la ciudad-estado de Berlín, gobernada por una coalición que forman el SPD y el partido de izquierda radical Die Linke, que reúne a una vieja escisión de los socialdemócratas y a los excomunistas de la RDA que se reciclaron a la democracia tras la caída del Muro de Berlín.
El pasado 5 de junio, ya en plena movilización en EE.UU. por la muerte de George Floyd, el Senado de Berlín aprobó una ley que establece que los 3,8 millones de habitantes de la capital alemana no podrán ser objeto de discriminación por parte de los agentes públicos debido a su sexo, origen étnico, religión, convicciones políticas, discapacidad, edad, identidad sexual o estatus social. La igualdad de trato en todos estos supuestos estaba ya ampliamente garantizada por las leyes alemanas, pero esta normativa introduce un controvertido punto: los policías tendrán que probar su inocencia.
En caso de acusación, los agentes deberán poder probar que no son culpables de haber incurrido en ningún trato discriminatorio, mientras que hasta ahora era la presunta víctima la que debía demostrar que fue injustamente indiscriminada. En caso de que las pruebas a favor de los agentes de la ley no sean suficientes, el Senado establece indemnizaciones mínimas de entre 300 y 1.000 euros, que aumentan en caso de daños. Otra novedad es que los colectivos y asociaciones podrán emprender acciones en nombre de las víctimas, por lo que un vídeo en internet, por ejemplo, puede dar lugar a un proceso sin intervenir siquiera la persona involucrada.
El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, reconoció en Twitter: «en Alemania viven 30.000 ultraderechistas, hay ataques racistas, los negros sufren discriminación, se arranca la kippa de la cabeza a los judíos. Tenemos que mirar lo que ocurre en nuestra propia casa. El racismo no solo mata en EE.UU».
