Italia, España, Chipre, Grecia y Malta creen que deben repartirse mejor los esfuerzos
27/04/2018 El País.- El debate migratorio europeo profundiza en su dinámica de bloques. Los países de Visegrado —Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia— siguen encabezando la postura más escéptica contra cualquier plan que suponga repartir las cargas derivadas de la inmigración. Pero un nuevo frente con intereses comunes gana fortaleza en el Sur. Cinco países de la frontera meridional europea —España, Italia, Grecia, Malta y Chipre— han fijado una postura común contra la reforma impulsada por la presidencia búlgara de la UE. Según ese plan, basado en una propuesta de la Comisión Europea, los países receptores, entre los que se cuentan sobre todo los mencionados Estados sureños, deberán hacerse responsables de los demandantes de asilo durante 10 años en lugar de los seis meses que marca la actual ley. Un periodo que esos cinco países consideran excesivo y exigen reducir a un máximo de dos años.
El documento consensuado por los cinco países del Sur, revelado este viernes por Politico, contiene 13 demandas de carácter técnico con las que pretenden tomar partido en el debate sobre la cuestión, que tendrá su momento álgido en la próxima cumbre europea de finales de junio en Bruselas. La petición de más solidaridad a sus aliados comunitarioses el mensaje recurrente desde los grandes destinos de los refugiados. Y tiene precedentes. El pasado enero, durante la cumbre de países del Sur celebrada en Roma, los cinco Estados que han elaborado el escrito ya reclamaron junto a Portugal y Francia que los socios comunitarios compartan la carga de la inmigración irregular.
El resultado de las elecciones italianas de marzo, en las que una fuerza xenófoba como la Liga Norte experimentó un importante aumento de apoyos, eleva presión a la demanda. Para muchos, el hecho de que Italia haya recibido cientos de miles de desembarcos durante dos años sin obtener de Europa el apoyo que Roma habría deseado, pese a sus llamamientos a no mirar hacia otro lado, han sido claves para explicar el despegue populista. El margen tampoco es amplio en la Alemania de Angela Merkel. AfD ha logrado el mejor resultado para la extrema derecha desde la Segunda Guerra Mundial explotando la política de ayudas a los refugiados de la canciller. Y la cartera de Interior está en manos de la CSU, el partido hermano de la Unión Cristianodemócrata (CDU), y representante del ala más dura contra la inmigración entre las filas conservadoras.
Mientras tanto, la Comisión Europea, la gran partidaria de la fracasada política de cuotas —terminó en septiembre con 30.000 refugiados repartidos de los 160.000 previstos—, quiere emplear el dinero como incentivo —o castigo, según se mire—, y estudia que el presupuesto de la UE entregue más fondos a las regiones que han acogido a un mayor número de solicitantes de asilo. Los países de Visegrado, reforzados por la clara victoria de Viktor Orban en Hungría, no quieren ni oír hablar de resucitar ese sistema de reparto, ni siquiera en la versión menos ambiciosa por la que apuestan varios países de la UE. Por ahora, han preferido rascarse el bolsillo aportando a Italia 35 millones de euros para asistencia a refugiados en Libia o hacer contribuciones al fondo para África. En medio de ese escenario de desencuentro, los líderes europeos cuentan con dos meses para acercar posturas antes de verse las caras en la reunión prevista en la capital belga.
