ABC.- La oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, ha publicado un informe sobre la persistencia de denuncias por violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El documento con fecha del 1 de julio ha señalado que se han mantenido las denuncias creíbles de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes cometidas por el régimen de Nicolás Maduro.
«Acnudh continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación», expresa el documento, que también hace referencia a nueve casos en los que las personas fueron sometidas a desapariciones forzadas. Durante ese tiempo, los cuerpos de seguridad los mantuvieron incomunicados y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensores o familiares. «Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos», señala el texto.
Hace tres meses, la Alta Comisionada había advertido que en Venezuela se mantenía este patrón sistemático de violación a los derechos humanos y de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones llevadas a cabo por funcionarios de seguridad del Estado. En el informe actual, Bachelet ha vuelto a atribuir las ejecuciones extrajudiciales a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). La oficina de la Alta Comisionada ha mencionado que se registraron 17 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el contexto de protestas y de operativos de seguridad conjuntos en zonas populares de elevada peligrosidad.
El texto recoge casos de jóvenes y niños de zonas deprimidas del país que han sido víctimas de los operativos de seguridad. Los patrones identificados fueron agresiones físicas y verbales, amenazas de muerte, allanamientos arbitrarios, manipulación de la escena del crimen, retiro del cuerpo de la víctima, robo de las viviendas, entre otros.
Violencia sexual
La violencia sexual aparece en el documento y Bachelet ha manifestado su preocupación por los informes sobre violaciones sexuales a mujeres detenidas en prisiones preventivas. De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, casi todas las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas de género de acuerdo a los establecido en normativas internacionales y las detenidas a menudo son custodiadas por hombres. Uno de los casos expuestos es el de un agente policial de Barinas que presuntamente asesinó de un disparo a una mujer en custodia policial, cuando la prisionera se negó a tener actos sexuales con él.
Por esta razón, la Alta Comisionada ha pedido a la Fiscalía del régimen venezolano investigar estas denuncias: «El Acnudh pide a la fiscalía que investigue a fondo las denuncias de violencia sexual presentadas por otras mujeres detenidas y que procese a los agentes de policía presuntamente involucrados».
Más restricciones
La labor de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación se vio obstaculizada por nuevas restricciones normativas y administrativas, según el informe publicado este jueves y en algunos casos los miembros de estas organizaciones son sometidos a procesos penales por hacer su trabajo.
«El Acnudh registró 97 incidentes relacionados con personas defensoras de los derechos humanos, entre ellas periodistas, líderes sindicales, activistas y organizaciones de la sociedad civil. Entre estos incidentes figuran 2 muertes, 6 actos de violencia, 62 de criminalización, 17 de amenazas e intimidación y 10 casos de estigmatización. Al menos 16 personas que forman parte de la oposición fueron detenidas; la mayoría fueron puestas en libertad poco tiempo después», ha señalado el informe.
El texto continúa y destaca que miembros de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación independientes y activistas de derechos humanos han recibido comentarios despectivos, descrédito y difamación por parte de funcionarios del Estado y por personas afines al régimen chavista. «El descrédito y la difamación de los actores de la sociedad civil afectan sus derechos fundamentales, incluidos los derechos a la no discriminación, a la protección contra las amenazas a su vida e integridad personal, y a la presunción de inocencia en casos de criminalización».
Recomendaciones
Bachelet ha dejado en el documento varias recomendaciones al régimen de Nicolás Maduro, algo que ha hecho en informes anteriores, y ha dicho que es fundamental la rendición de cuentas para prevenir y remediar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. De esa manera, ha pedido al Gobierno chavista que garantice el acceso a datos públicos, priorice una agenda legislativa orientada a fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos, evite la adopción de leyes y regulaciones desproporcionadamente restrictivas.
También ha instado a Caracas a que facilite todas las condiciones necesarias para realizar elecciones libres, justas, pacíficas e independientes. Asimismo, ha insistido a Maduro en que se garantice el debido proceso, la implementación de una reforma de seguridad y un plan de protección para las víctimas de las violaciones a derechos humanos.
