Mientras que en Europa los casos de ablación condenados en los tribunales son muy pocos, Francia ha tenido más de 40. El mérito es de la abogada Linda Weil-Curiel
EMMANUEL ZUCCALÀ. EL PAÍS.- Hawa Gréou era la maman (madre) más famosa de toda Île-de-France. Cientos de familias malienses, senegalesas, guineanas y marfileñas llamaban a la puerta de su piso de París pidiendo a la matrona de Mali que «preparase» a sus hijas con el rito que, para algunas etnias africanas, constituye el sello necesario de la pureza femenina: la mutilación genital. Hawa era hábil y rápida. Con su cuchillo, ninguna niña moría de hemorragia.
Un día, su vecina la denunció por alteración del orden público. Los gritos que se escapaban a través de su puerta eran estremecedores, pero no ocurrió nada. Para que fuese detenida fue necesario el valor de una de sus víctimas, una joven que quiso salvar a sus hermanas pequeñas del rito de sangre y explicó a un fiscal los horrores que sucedían en aquel lugar. Hizo falta la testarudez de una abogada para condenar a la maman a ocho años de cárcel, en un juicio histórico que sacudió Francia y abrió los ojos definitivamente a las ablaciones clandestinas. Este año se cumple el vigésimo aniversario de aquel proceso.
La letrada de la causa es Linda Weil-Curiel, presidenta de la Asociación Cams(Comisión para la Abolición de las Mutilaciones Sexuales), que desde la década de los ochenta ha defendido a las víctimas en otros 40 procesos y ha logrado condenar a más de 100 personas entre mutiladoras y padres de niñas mutiladas. Aunque Francia es el único de los países europeos con una fuerte presencia de inmigrantes africanos que no dispone de una ley específica contra la mutilación genital femenina, registra el mayor número de condenas en estos casos. En Italia, a partir de la promulgación de la ley de 2006, se ha dictado solo una; en España y en Suecia, dos; en Reino Unido se ha emitido una única sentencia de condena hace unos días, a pesar de que la ley existe desde 1985.
«Los Parlamentos de media Europa me invitan para que explique por qué en Francia funciona la justicia contra la ablación y en otros países no», dice sonriendo Weil-Curiel en su despacho de Saint-Germain-des-Prés, en pleno centro de París, «y siempre insisto en que una norma específica es inútil y, además, un error. Basta con el Código Penal, que en cualquier Estado castiga las lesiones permanentes. Además, una ley específica abre la puerta al relativismo cultural al clasificar las mutilaciones sexuales entre africanos como tradición y no simple y llanamente como un delito».
Según los datos del Ministerio de Sanidad de su país, entre 2007 y 2015 el número de mujeres residentes en Francia que han sido mutiladas ha pasado de 61.000 a 53.000. ¿Cree que hay que atribuir el mérito a su línea dura?
En parte sí. Sin duda, la sensibilización de las comunidades de inmigrantes es fundamental, pero también tienen que ser conscientes de que si mutilan a las niñas irán a la cárcel.
¿Cómo empezó a apasionarse por este tema?
En 1982, una amiga feminista (Annie Sugier, cofundadora con Simone de Beauvoir de la Liga Internacional por los Derechos de las Mujeres) me trajo un artículo de un periódico que informaba de que un padre había mutilado a una niña de tres meses y que esta se había salvado por poco de la muerte. La niña se llamaba Bintou. Con mi asociación, me personé como actor civil en el proceso, y allí empezó mi primera batalla, consistente en que estos casos no se siguiesen dirimiendo en los tribunales ordinarios, sino en los órganos judiciales de máximo rango, es decir, en las Salas de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.
Los jueces, por su parte, le quitaban importancia, aduciendo que eran inmigrantes, personas que no hablaban francés, y que eran sus tradiciones. Yo les respondía preguntándoles si no pondrían el grito en el cielo si le amputasen los genitales a una niña blanca francesa, y clamando que la ley es igual para todas las personas que viven en Francia. Así fue como conseguimos que el delito se juzgase en el Tribunal de lo Penal. Luego, cuando muchas familias empezaron a mutilar a sus hijas llevándolas a sus países de origen para eludir la justicia francesa, conseguimos ampliar el Artículo 222 del Código Penal a las ablaciones llevadas a cabo en el extranjero por ciudadanos franceses o residentes en Francia. No obstante, los casos resultaron más complejos.
¿Por qué?
Los padres no revelaban los nombres de las mujeres que practicaban la ablación. En el seno de las comunidades africanas, las protegen. Las madres contaban que, en el autobús, una mujer las vio con su bebé en brazos, les preguntó si ya la habían operado y las invitó a su casa, pero que no saben cómo se llama. Cuentan historias inverosímiles.
Hasta que, en 1999, estalló el caso Gréou…
Una investigación que duró 18 meses y un gran juicio de 15 días. Después de que la chica presentase la denuncia, la policía puso bajo vigilancia la casa de Hawa Gréou, pero ella había tomado precauciones y practicaba las escisiones en otro sitio. Hasta que le intervinieron el teléfono, la verdad no salió a la luz. Gréou organizaba sesiones de mutilación en masa, normalmente en época de vacaciones, cuando había menos gente que lo pudiese oír. Se interrogó a todas las personas que aparecían en su agenda.
El fiscal pidió siete años de cárcel, y yo ocho. Gané yo.
Cuando Gréou salió de la cárcel, se hicieron amigas y escribieron conjuntamente el libro Exciseuse [mutiladora] (editorial City). ¿Cómo fue posible esta colaboración entre culpable y acusadora?
Durante el juicio, tuve siempre a Hawa enfrente de mí, y pude darme cuenta de su inteligencia. Me enteré de que el oficio de mutiladora se lo había impuesto su abuela. Las mujeres de su familia lo practicaban desde hacía generaciones y era un papel de prestigio en la comunidad porque daba dinero, telas valiosas, jabón… Hawa no tenía opción. Salió antes de la cárcel por buena conducta y me llamó por teléfono diciéndome: «Soy maman«. Estaba sola, su marido había tomado otras mujeres y quería mandarla a Mali. Ella iba de un lado a otro con un carrito de la compra lleno de ropa porque las otras mujeres le robaban todo, y con el carrito a cuestas, en zapatillas y cubierta con el velo vino a verme. Yo era la única persona con la que podía hablar francamente porque sabía que la entendía. Así nos fuimos acercando. Incluso llevé a su marido ante los tribunales y lo obligué a pagarle una pensión alimenticia.
Háblenos del último caso que ha llevado.
Actualmente tengo dos casos abiertos, pero el último fue el año pasado. Un caso muy triste. A la chica, nacida en Francia, le practicaron la ablación durante unas vacaciones en Guinea, y luego los padres la obligaron a casarse con un hombre mucho mayor que ella. Ella no quería y sus padres le pegaron brutalmente. La chica puso una denuncia, pero los jueces decidieron actuar solo por las palizas y no por la mutilación, y mi apelación fue rechazada por un defecto de forma. La chica me decía que ella era francesa y que no tenían derecho a hacerle eso. Francia no le ha hecho justicia.
¿Por qué en otros países europeos que incluso han adoptado leyes específicas contra la mutilación genital femenina es tan difícil que se dicte una condena?
Es más eficaz seguir el Código Penal que crear normas nuevas que siempre resultan difíciles de aplicar. No hace falta una ley especial para establecer que cortar una oreja o una mano es un delito. ¿Por qué no debería pasar lo mismo con los genitales? En Reino Unido, por ejemplo, hay nada menos que tres leyes contra la mutilación genital femenina, la primera de 1985, pero están llenas de puntos débiles, como el hecho de que una asociación no pueda intervenir como actor civil. En Estados Unidos también es difícil aplicar la legislación federal, como ha demostrado el caso reciente de una clínica de Detroit donde una secta india practicaba ablaciones. El juez del Estado de Michigan rechazó la ley federal sobre la mutilación genital en nombre de la libertad religiosa y de otros argumentos que han puesto de manifiesto la fragilidad de la norma.
Se calcula que en Europa hay 500.000 mujeres inmigrantes que han sido sometidas a mutilación genital. Aparte de la vía judicial, ¿qué otras acciones piensa que son útiles para erradicar esta práctica?
Los pediatras tienen que controlar los genitales de las niñas que provienen de países en los que la ablación es una tradición, sobre todo cuando acaban de estar allí de vacaciones, e informar de la mutilación a los servicios sociales. Después hay que transferirles a estos la gestión de los subsidios estatales que recibe la familia. En Francia, un centro de protección a la infancia ha aplicado esta medida con buenos resultados. Las niñas tienen derecho a un desarrollo normal. La ley nos otorga los medios para protegerlas y no debemos tener miedo de utilizarlos.
