PEDRO FUENTES. LA OVEJA ROSA.- El pasado 13 de junio, aprovechando estos días de fútbol y coronaciones reales, el Gobierno, de puntillas, ha lanzado otro zarpazo a los derechos humanos. A los derechos de los españoles.
Como es común en las agresiones de este tipo, los más afectados son, somos, siempre los mismos: las mujeres, los colectivos LGTB y los niños.
Se ha dado luz verde a una modificación de la nueva Ley del Registro Civil, en la idea de regular la Gestación por Sustitución. La reforma implica no aceptar la filiación en el país de origen y asignar a la gestante (así se especifica en la nueva ley) la filiación del niño siempre; con independencia de que eso contradiga Sentencias Judiciales, Convenios Internacionales o los Derechos del Menor. El interés superior del menor desaparece de la ley y ni una sola vez se plantea como la norma básica que es. Evidentemente porque a nuestros políticos les da igual. Los niños tendrán unos mismos padres en todo el mundo, los establecidos por la filiación del país de nacimiento; en todos lados menos en España, donde serán otros diferentes.
Consciente que la Subrogación ni está prohibida ni es ilegal en España, el Gobierno ha intentado restringir su acceso. La reforma no habla de madre sin más, si no de “madre gestante”, aceptando que ambos roles pueden ser independientes. Evidencia que no evita que se desee implantar la reforma de la ley.
La primeras agredidas, las mujeres. Hasta hoy una mujer sola, sin matriz por ejemplo, podía tener a su hijo mediante Gestación Subrogada, inscribirlo y ser madre a todos los efectos. Mañana, si se aprueba la enmienda, no tendrá posibilidad de ser reconocida como tal madre. Ninguna. La mujer sola, la soltera, se ve apartada, frente a la mujer casada con varón como Dios manda. Por supuesto al niño se le niegan sus derechos como español, aunque lo sea y así lo reconozca, sin ir más lejos, la Unión Europea.
Tampoco cuentan los deseos de las mujeres gestantes, que no quieren ser madres, que tienen su propia familia, que hacen un gran esfuerzo para ayudar a otros y que en muchos casos exigen confidencialidad. Una vez más da igual. Se las obliga a figurar en el registro. Lo quieran o no.
¿Por qué hay tantos políticos de medio pelo incapaces de aceptar la autonomía de la mujer, el ejercicio de su libre albedrío? ¿Por qué tantos empeñados en decirles a las mujeres qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer?
No escapa la pareja de lesbianas que, aunque sea raro, necesite recurrir a esta tecnología. Se les negarán sus derechos pese a que El menor desde el mismo día de su nacimiento tenga una situación familiar consistente en la existencia de dos madres, (T.S., marzo, 2014, caso de Maribel. B., que reconoce la filiación intencional).
Sin derechos se quedan, por supuesto, lo hombres transexuales. Si quieren formar su propia familia por este camino, nunca sus hijos podrán llamarlos padre legalmente.
Los matrimonios masculinos pierden el reconocimiento que tenían como padres verdaderos del niño. Uno de ellos podrá ser padre; el otro será nada, aun cuando el hijo lo sea de ambos, fruto de un proyecto común, proyecto que si reconoce la ley española para el matrimonio de mujeres.
Con todo, lo más lamentable es el trato dado a los pequeños. Los niños. Ninguneados, perseguidos, acosados. El Maltrato Infantil Institucional es una plaga que España práctica. Niños españoles a los que se les negará la nacionalidad con la nueva ley. Niños a los que se cambia la familia, los apellidos, las relaciones. Niños que quedan en un limbo jurídico, pendientes de que nada ocurra a sus padres, porque, si sucede algo, podrían acabar en una casa de acogida gracias a un Gobierno de España que los deja sin su familia real.
Una familia con una sentencia judicial que la define, con una filiación que los padres no pueden cambiar a su capricho, porque es firme, que es reconocida internacionalmente, pero que es tirada a la papelera del olvido por el Ministerio de Justicia. El Ministro manda a los niños por la vía del llamado exequátur, un procedimiento judicial que puede durar décadas. Años en los que el chiquillo, en tierra de nadie, verá sus derechos suspensos, pendiente de lo que el azar quiera hacer con él.
Se podrá estar de acuerdo o no con la Subrogación. Pero que el sexo, la orientación sexual, o el ser nacido mediante esta técnica reproductiva, sean motivo para restringir los derechos de las personas y maltratar a los niños es un atentado a la ética, a la decencia. A la Ley.
