La Asociación para el Progreso y la Modernización de Córdoba, Futura, con la colaboración de la Fundación Cajasol, organiza este jueves, a las 19,30 horas, en la sede del IESA-CSIC ubicada en Campo Santo de los Mártires, la charla-coloquio ‘Una mirada a la intolerancia y los delitos de odio’.
EUROPA PRESS.- Así lo ha comunicado Futura en una nota en la que ha detallado que en este debate interviene el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, mientras que el acto cuenta con la moderación de la presidenta de la asociación, Victoria Fernández.
La ONG Movimiento contra la Intolerancia, con más de 20 años de atención a víctimas, propuso a comienzos de 2014 la creación, conforme a la Directiva Europea de Víctimas del Delito, del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación para agrupar a quienes sufren delitos de racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, antigitanismo, homofobia, misoginia, disfobia, sexismo, aporofobia, totalitarismo, negrofobia, transfobia y otras formas de intolerancia.
El Consejo de Víctimas también agrupa a ONG que prestan servicio y apoyan directamente a las víctimas, generando una red descentralizada que alcanza a toda España. De la misma manera, también ha impulsado comisiones de expertos jurídicos, educadores, psicólogos, periodistas y activistas que asumen los objetivos del consejo y trabajan de forma voluntaria a favor de los mismos.
Según ha indicado Futura, en sus objetivos «está prevenir la aparición y combatir las diversas manifestaciones de intolerancia, discriminación y delitos o crímenes de odio; reclamar políticas de prevención criminal, impulsar una acción integral, incluidos los ámbitos de educación, comunicación, deporte y cultura, así como vertebrar y extender territorialmente el movimiento de solidaridad con la víctima y trabajar por una Ley de Protección Integral contra los delitos de odio».
Asimismo, «impulsa la sensibilización y movilización ciudadana, la solidaridad con colectivos vulnerables, personas y comunidades diversas, e insta a las autoridades a cumplir o hacer cumplir, mejorar o modificar la normativa que persigue el delito de odio y discriminación, así como su prevención y monitorización».
