El Mundo.- El juzgado inició un procedimiento a instancias del TSJC que consideró que se debía indagar este presunto incumplimiento del «deber» sanitario.
Nueva investigación contra la Generalitat por discriminar a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en Cataluña, esta vez presuntamente al no administrarles las dosis de vacunas de covid que les correspondían. El Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona investiga a cuatro cargos del Govern por presuntamente tomar la decisión de retrasar la inoculación a policías y guardias civiles destinados en esta comunidad autónoma y anteponer las dosis a Mossos d’esquadra y policías locales. Los cuatro investigados tenían responsabilidades en el Departament de Salut cuando se cometieron los hechos hace poco más de un año.
De esta forma se cita a Carmen Cabezas, primero el cargo de subdirectora general de Promoción de la Salud y después otro en la Secretaría de Salud Pública, Adriá Comella, quien fue director del Servicio Catalán de Salud y ahora es el gerente del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, y otros dos cargos públicos que se encargaron de la organización de las vacunaciones.
La investigación comenzó tras una querella presentada por la asociación profesional de la Guardia Civil Jucil y el sindicato de la Policía Nacional Jupol ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ya que acusaban a la ex consellera de Salut y actual diputada de ERC Alba Vergès. Sin embargo, el TSJC consideró que la presunta discriminación se cometió por parte de los responsables del departament que se encargaron del proceso y, como no son aforados, envió el procedimiento a un juzgado de instrucción que ha abierto diligencias.
La sección contencioso administrativa del TSJC consideró que hubo discriminación hacia efectivos de Guardia Civil y Policía destinados en Cataluña porque «la administración autonómica no dispuso de la misma voluntad y empeño en la protección sanitaria» que con los Mossos d’Esquadra y policías locales. Por eso, Jucil y Jupol consideraron que podría existir un delito de prevaricación y otro contra la salud de los trabajadores.
En su auto el TSJC instaba al juzgado de instrucción a «practicar las investigaciones oportunas que permitan discernir quiénes podrían ser objetivamente considerados como garantes y qué autoridades o funcionarios pudieron incumplir el deber de actuar impuesto por las normas sanitarias específicas promulgadas en relación con el Covid-19». Ahora el juez ha abierto diligencias de investigación y está a la espera de saber si los acusados recurren esta imputación para determinar la fecha de las declaraciones.
QUEJAS SINDICALES
Tras el inicio de esta investigación Jucil considera que «es triste que solo a través de las decisiones adoptadas por los tribunales se logre para el colectivo de guardias civiles y policías nacionales en Cataluña la atención sanitaria que en el resto de España es universal e igualitaria para todos los ciudadanos». «La sentencia no solo nos daba la razón, sino que además a ojos de la Justicia y de la sociedad en general, quedaba fundamentado que la Generalitat ha esquivado y ha incumplido de manera incuestionable sus obligaciones poniendo excusas. Ahora, será de nuevo la Justicia la que señale si se deben depurar responsabilidades por parte de los responsables públicos del sistema de salud de Cataluña» dijo la secretaria provincial de Jucil en Barcelona, Milagros Cívico y añadió que «exigimos para guardias civiles y policías nacionales igualdad de condiciones en el uso de un servicio, el de la sanidad pública que en España tiene carácter universal e igualitario».
La asociación de Guardias Civiles también lamenta «la situación de abandono institucional y el ambiente de odio en el que se ven inmersos para llevar a cabo su labor los guardias civiles y policías nacionales, con la consiguiente estigmatización que sufren tanto ellos en su tarea como sus familias en su vida diaria. Una situación que justifica y argumenta que Cataluña sea considerada como Zona de Especial Singularidad para el trabajo de estos empleados públicos».
Por su parte, Pablo Pérez, portavoz Nacional de Jupol, aseguró que «la citación ahora como investigados a los responsables del proceso de vacunación no hace más que confirmar la discriminación sufrida por miles de agentes de la Policía y de la Guardia Civil en Cataluña y vuelve a poner de manifiesto el trato discriminatorio que reciben las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de la Generalitat». Además, añadió que «el avance del proceso judicial nos hace más fuertes y nos empuja a seguir luchando para que desaparezcan las desigualdades y la discriminación de Policía Nacional y de Guardia Civil en Cataluña, supone un paso más en nuestra lucha por acabar con la desigualdad, el trato injusto y desfavorable que sufren nuestros compañeros en esas zonas».
En este sentido considera que este trato pone «en peligro la vida laboral y personal de nuestros compañeros, y persistiremos en ello hasta alcanzar una igualdad económica, social y laboral». Por eso, señala que recuerdan que la Generalitat «cumplió» con el proceso de vacunación «para los Mossos, pero negó de manera reiterada a Guardia Civil y Policía».
