Interior reunirá a condenados por delitos de odio con víctimas para reinsertarlos

, | 27 septiembre, 2018

Instituciones Penitenciarias pone en marcha el ‘Programa Diversidad’ para reeducar a los delincuentes que actúan movidos por el racismo y la homofobia

ÓSCAR LÓPEZ – FONSECA.- Instituciones Penitenciarias pondrá en marcha en octubre el Programa Diversidad, un tratamiento psicoeducativo pionero en Europa con el que el Ministerio del Interior quiere reinsertar a los condenados por delitos de odio. El tratamiento durará más de 13 meses y tendrá como último paso encuentros restaurativos entre el delincuente y colectivos y personas que han sufrido delitos de odio, a semejanza de los celebrados durante la llamada vía Nanclares con presos etarras. El objetivo final es minimizar la tasa de reincidencia de estos penados.

El programa está dirigido no solo a encarcelados por delitos de odio, sino también a aquellos penados por otras infracciones penales que hayan visto agravadas sus condenas por haber actuado movidos por cualquier tipo de odio hacia las víctimas; y a otros a los que los jueces han sustituido el ingreso en prisión por penas alternativas, como ha ocurrido con los condenados por delitos de odio en las redes sociales. En este último caso, la asistencia al programa será obligatoria, mientras que en el caso de los encarcelados tendrá carácter voluntario.

En una primera etapa, el programa entrará en funcionamiento en la prisión de Navalcarnero (Madrid), en el Centro de Inserción Social Victoria Kent —que acoge a internos en régimen de semilibertad—, de la capital, y en los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de A Coruña, Tenerife, Valencia y Valladolid. A la vista de los resultados, se extenderá al resto de centros, destacan fuentes de Interior.

El departamento de Fernando Grande-Marlaska ha dividido el tratamiento en cuatro fases que suman cerca de 50 sesiones, la mayoría individuales, aunque también las hay en grupo. En la primera, denominada de “evaluación y motivación”, los condenados son sometidos a cuatro entrevistas por parte de especialistas en las que, además de evaluar su caso, se le explicará los objetivos del programa y las ventajas que supone la asistencia al mismo. Fuentes de Instituciones Penitenciarias detallan que la participación en el programa no supondrá “ningún tipo” de beneficio penitenciario directo, pero admiten que las Juntas de Tratamiento de las prisiones —encargados de elaborar los informes utilizados para conceder permisos o progresar de grado a un recluso— sí lo tendrán en cuenta.

Confianza y sinceridad

Con estas primeras entrevistas también se buscará “construir una relación de confianza y sinceridad” con los técnicos, según se recoge en el programa. Además, en esta fase inicial se someterá a los condenados a diversos test para recopilar datos “sociodemográficos, criminológicos y psicológicos” de cada uno. Con ese material, los equipos de tratamiento elaborarán un perfil de riesgo para determinar las “estrategias de intervención” con cada recluso.

La segunda fase, denominada “de intervención”, es la más amplia e incluye 38 sesiones en las cuales se buscará combatir los factores de riesgo detectados, como la baja autoestima, el autoritarismo, la intolerancia, los prejuicios o las fobias. Con ellas, Interior pretende inculcar “valores prosociales”, el rechazo a la violencia y la empatía hacia los colectivos hacia los que antes se dirigía el odio.

La tercera fase o de seguimiento contará con una sesión en la que se buscará “revisar y valorar las metas de cambio planificadas inicialmente y los objetivos terapéuticos alcanzados”, así como “consolidar” los cambios alcanzados con los reclusos. En este encuentro, los expertos realizarán una “valoración final del riesgo de reincidencia”. El programa contempla concluir con un encuentro entre el condenado y alguna víctima del tipo del delito de odio que cometió, aunque no necesariamente vinculada con el hecho por el que fue condenado, como ocurrió también con los presos de ETA durante la vía Nanclares. Esta última sesión tiene como objetivo “resarcir el daño causado”, según el documento.

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