ESTEBAN IBARRA.- Recientemente se ha presentado el 4º Informe sobre delitos de odio del Ministerio del Interior. Es una buena noticia al consolidar estos informes-seguimiento que comenzaron en el 2014, algo que comenzamos a reclamar a comienzos de los 90 y que durante todo este tiempo solo Movimiento contra la Intolerancia y su Informe Raxen puso en marcha, pese a todo tipo de desprecios e indiferencias, pero contando con la ayuda de la Secretaría General de Migraciones y las instituciones europeas.
Nuevos tiempos, nuevos retos; ahora se trata de recoger datos y monitorizar correctamente dado que en la Unión Europea y especialmente la OSCE lo consideran prioritario y asi lo afirman en sus documentos al respecto: “Reconociendo la amenaza que los crímenes de odio representan para la seguridad de las personas y su potencial para dar lugar a conflictos y violencia a mayor escala, los Estados participantes de la OSCE se han comprometido a adoptar una serie de medidas para combatir el crimen de odio(..).La responsabilidad primordial de abordar los actos de intolerancia incumbe a los propios Estados participantes, reconociendo al mismo tiempo el valioso papel de la sociedad civil en la respuesta a los crímenes de odio.”
No es posible prevenir, adoptar políticas eficaces de intervención, criminales y de ayuda a las víctimas sin una adecuada recopilación, mantenimiento de datos y estadísticas fiables sobre crímenes de odio. El compromiso de todos los Estados de la OSCE y de la Unión va en ese sentido y más cuando la disparidad de monitorización y recogida de datos va desde países que solo recogen poco mas de 10 delitos de odio hasta otros que superan los 40.000 incidentes relacionados con delitos de odio. Pero es necesario ponerse de acuerdo en que datos se recogen y su naturaleza para mejorar las respuestas de apoyo a las víctimas, prevenir crímenes de odio, medir la eficacia de las iniciativas para hacer frente a los delitos de odio, investigar los sujetos activos, organizaciones de intolerancia criminal, la naturaleza de las AGRESIÓN es, comunicar la respuesta de la justicia penal a estos delitos a una amplia
gama de partes interesadas, desde las víctimas a las comunidades afectadas y el público en general. Estos datos
monitorizados son la base para la formulación de políticas al respecto, debiendo incluir información sobre el número
de delitos cometidos, el número de delitos denunciados a la policía, a qué grupos se dirigieron, el número de delitos
que fueron procesados con éxito, información sobre sentencias, entre otros ítems.
Descargar Informe Raxen 62: Monitorización del Discurso y de los Delitos de Odio
