Gobiernos y tecnológicas se comprometen a impedir la difusión de atentados por Internet

, , | 15 mayo, 2019

El Llamamiento de Christchurch toma el nombre de la localidad neozelandesa desde la que el autor de un ataque contra mezquitas lo retransmitió en directo por las redes el pasado marzo

SILVIA AYUSO. EL PAÍS.- El presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, lanzaron este miércoles en París el Llamamiento de Christchurch, una iniciativa que compromete a gobiernos y a responsables de las grandes empresas de Internet a actuar de manera conjunta para prevenir y eliminar los contenidos terroristas y la violencia extremista en las redes sociales. “Vamos a impedir que las redes sociales sean usadas como herramientas por los terroristas”, proclamó Ardern en rueda de prensa junto con Macron tras la reunión en el Elíseo.

El Llamamiento de Christchurch toma el nombre de la ciudad neozelandesa en la que, hace dos meses, un ultraderechista australiano mató a 51 personas en dos mezquitas. El ataque fue retransmitido en directo por su autor, Brenton Tarrant, a través de las redes sociales. “Fue concebido para ser viral”, subrayó esta semana Ardern en una tribuna en The New York Times y en una entrevista con Le Monde.

El Llamamiento, negociado y acordado en una reunión de mandatarios y dirigentes de empresas tecnológicas en París este miércoles, subraya que la difusión en línea de contenidos violentos como los de Christchurch “tiene un impacto negativo en los derechos humanos de las víctimas, en la seguridad colectiva y en las personas en todo el mundo”. En este sentido, gobiernos y plataformas de Internet se comprometen de manera “colectiva” y “voluntaria” a dar pasos específicos para bloquear este tipo de contenidos mediante la aplicación de leyes y la sensibilización social o, en el caso de las tecnológicas, “implementar medidas inmediatas y efectivas para mitigar el riesgo específico de que contenido terrorista o de extremismo violento sea diseminado a través de emisiones en tiempo real”.

Facebook aseguró que, en las primeras 24 horas tras los atentados de Christchurch, eliminó más de 1,5 millones de vídeos del ataque, 1,2 millones de ellos en la primera hora desde que fueron subidos. No obstante, miles de personas pudieron verlo antes de que la empresa de Mark Zuckerberg reaccionara. Además, recuerda hasta hoy Ardern, “durante las primeras 24 horas, el vídeo fue subido a la plataforma YouTube cada segundo”.

La popular plataforma anunció, horas antes de la aprobación del documento en París, que prohibirá el uso de su aplicación Live, que permite emitir vídeo en tiempo real, a cualquier usuario que viole las normas de la red social sobre organizaciones o individuos peligrosos.

La cita de París logró la adopción del documento por Francia y Nueva Zelanda, así como por Canadá, Irlanda, Jordania, Noruega, Reino Unido, Senegal, Indonesia y la Comisión Europea, representados todos por sus máximos dirigentes. Por la parte de las tecnológicas, está firmado por los gigantes Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Qwant, Twitter, YouTube y DailyMotion. El Elíseo subrayó en un comunicado que países como España, Australia, Alemania, India, Japón, Holanda o Suecia también “apoyan” el Llamamiento de Christchurch. Llama la atención la ausencia de un país clave en el desarrollo de Internet como es Estados Unidos. Macron dijo al respecto que Washington ha asegurado que “comparte los objetivos”, aunque reconoció que por el momento no tiene planes de firmar el compromiso.

No es casualidad que la cita de Christchurch haya tenido lugar en París, sede esta semana de VivaTech, una de las principales ferias de nuevas tecnologías del mundo y que reúne en la capital francesa a los máximos responsables del ramo.

Desde el año pasado, en vísperas de VivaTech, el Gobierno francés celebra la cumbre Tech for Good, en la que se debate sobre “la contribución de la tecnología en el bien común y en la lucha contra las amenazas digitales”. Al encuentro de este año han sido invitados los responsables de 80 grandes empresas, startups y otros actores del mundo digital. A la cena que celebró la noche del miércoles Macron en el Elíseo, tenían previsto acudir empresarios como el jefe de Alibaba Jack Ma, el responsable de Huawei Ken Hu o Dara Khoroshahi, de Uber.

Además, Francia lleva tiempo promoviendo en el marco europeo medidas para restringir la incitación al odio en las redes sociales. El Gobierno trabaja en una ley que obligaría a las redes sociales a retirar los contenidos denunciados en 24 horas, bajo amenaza de fuertes multas. París quiere que esta regulación sea aprobada a nivel europeo.

Francia preside asimismo este año el G7, en cuyo marco el secretario de Estado para lo digital, Cédric O, congregó este miércoles a sus colegas de los siete países más industrializados del mundo para trabajar en un proyecto de carta de compromiso sobre la “reglamentación y la transparencia” con las plataformas en línea que permita “intervenir rápidamente en caso de difusión de contenidos violentos”. El objetivo francés es que esta carta “para un Internet abierto y no violento” sea asumida por los jefes de Estado y de Gobierno del G7 durante su cumbre anual, el próximo agosto en Biarritz.

ONGs, preocupadas por potenciales abusos

La voluntad de respetar los derechos humanos y, específicamente, la libertad de expresión es explícita en el Llamamiento de Christchurch. No obstante, organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de estos derechos se declaran preocupadas por las medidas adoptadas en París y por sus posibles implicaciones inesperadas por parte de regímenes que podrían verse tentados de usar esta iniciativa para restringir actividades prodemocráticas, calificándolas de “terroristas”.

El Llamamiento de Christchurch no logra definir terrorismo y extremismo violento en momentos en que gobiernos en todo el mundo están abusando de las leyes antiterroristas, por ejemplo para silenciar a oponentes políticos y a los medios en Rusia y Turquía, o para atacar a protestantes y activistas en Reino Unido”, advirtió el director ejecutivo de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, Thomas Hughes.

Además, recordó que la opción de emisión en directo como la que acaba de restringir Facebook “puede ser usada para hacer daño, pero también ha permitido la documentación de abusos de derechos humanos o la persecución judicial de aquellos que han cometido crímenes”.

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