EFE. LA VANGUARDIA.- La Fundación Alternativas ha alertado este miércoles de que la normativa sobre empleadas del hogar constituye una discriminación laboral indirecta por razón de sexo, ya que las mujeres realizan el 89 % de estos trabajos, que tienen menores salarios y menor protección laboral.
En un informe, la Fundación constata que en este ámbito existe un gran volumen de economía sumergida, ya que el dato de afiliación (410.634 personas) es muy inferior al de la Encuesta de Población Activa (616.900).
En ese sentido, apunta que el sistema de cotización por tramos, en lugar de por ingresos reales, desincentiva el alta y el abono de las cuotas cuando el empleo se realiza durante pocas horas a la semana.
Además, el 89 % del colectivo de empleadas del hogar recogido en la Encuesta de Población Activa (EPA) está constituido por mujeres, la mayoría de origen extranjero, lo que dadas sus peores condiciones laborales podría suponer una discriminación.
Las empleadas del hogar cobran un salario equivalente al 44 % de la media de la economía y su sistema no contempla prestaciones por desempleo y permite el despido sin causa, incluso para embarazadas.
El informe considera «difícilmente justificable» el mantenimiento de unos niveles de protección social para este colectivo inferiores a los del régimen general, que de acuerdo a la legislación actual no se equipararán hasta 2021.
Añade que muchas trabajadoras del hogar no lograrán cumplir los requisitos para obtener una jubilación contributiva debido, precisamente, a que el régimen especial facilita períodos de desempleo que merman las carreras de cotización.
Para paliar esta situación, el informe apuesta por crear una prestación por desempleo suficiente, establecer consecuencias legales para el despido de trabajadoras embarazadas o mejorar la regulación laboral para acercarla al Estatuto de los Trabajadores y el régimen general.
