Carlos E. Cué El País 17/12/18.- Sánchez quiere jugar a fondo la baza de los Presupuestos y recuperar aire para lanzarse a una campaña con todo el PSOE movilizado
Fue un lunes tormentoso del que aún no se ha recuperado el PSOE. Al día siguiente a las elecciones andaluzas se rozó una nueva ruptura en una formación partida en dos en 2017 pero recosida ahora por el inesperado regreso a La Moncloa. Susana Díaz se había acostado el domingo derrotada y muy tocada, pero más o menos tranquila en lo interno tras una conversación con Pedro Sánchez. Ambos coincidieron en que no podían abstenerse y dejar gobernar a Ciudadanos. Hay que ponérselo difícil a Albert Rivera para que sufra el coste de pactar con Vox, se conjuraron. Ni una palabra sobre un relevo en el PSOE andaluz.
Por la mañana del lunes, una declaración de Óscar Puente, portavoz del PSOE, desató la guerra. «Me sorprende la desmemoria. Al pueblo andaluz no se le ha olvidado que Susana Díaz disputó el liderazgo a Pedro Sánchez para irse a Madrid». Juan Cornejo, mano derecha de Díaz, llamó a José Luis Ábalos antes de que este diera la rueda de prensa oficial. «La de Puente no será la posición del partido, ¿no?». Ábalos lo tranquilizó. Pero poco después fue él mismo quien pidió «regeneración» en el PSOE andaluz. Díaz montó en cólera. Después de varias llamadas e incluso mediaciones de terceros, se logró evitar la ruptura. Se concedieron una tregua. Pero solo de momento. Los sanchistas quieren acabar con Díaz en cuanto ella pierda del poder. Los susanistas apelan al ejemplo del extremeño Fernández Vara, que perdió el poder, se quedó en la oposición y lo recuperó cuatro años después. «¿Por qué tiene que irse si ha ganado las elecciones?», se preguntan. «Susana se acabó. Tarde o temprano se dará cuenta», resume un miembro del Gobierno.
En ese lunes está todo lo que ha pasado en las siguientes dos semanas. Ese mismo día, Alfonso Guerra, siempre atento a las encuestas, participó en un acto del Consejo Asesor de las Cortes para la celebración de los 40 años de la Constitución. Ahí le escucharon dar datos precisos. Según sus cálculos, de los siete puntos que había perdido el PSOE andaluz, cuatro eran por Cataluña, uno y medio por el desgaste de 36 años y otro punto y medio por las encuestas, que eran tan buenas que desmovilizaron a la izquierda. Como Guerra piensan muchos barones y alcaldes del PSOE, que temen que la crisis catalana se lleve por delante al partido en las próximas municipales y autonómicas. Si ha caído el bastión andaluz, todo es posible, se asustan.
Sin embargo, en La Moncloa y la dirección del PSOE lo ven muy diferente, y apelan a sus datos internos y a una reciente encuesta de La Sexta que muestra que Cataluña no fue ni de lejos el factor más influyente en la caída del PSOE. «Lo que pasó en Andalucía no es por Cataluña. Es una corriente de fondo, un voto protesta, no hay que analizarlo como izquierda o derecha», señalan. La discusión será eterna. Para los sanchistas perdió Díaz, su campaña de perfil bajo, su imagen desgastada tras su derrota en las primarias y el deterioro tras 36 años en el poder. Para los susanistas, fue Sánchez y su alianza con los independentistas quien hundió al PSOE andaluz y lo hará con los demás.
Nada indica que los socialistas, con los recelos internos que nunca se fueron del todo tras una batalla tan cruenta como la de las primarias, vayan a resolver esta disputa en breve y de forma pacífica. Los barones presionan para que Sánchez rompa con los catalanes y renuncie a los Presupuestos, y el presidente ha contestado esta semana con un endurecimiento de su discurso, pero siempre con una mano tendida al diálogo.
Agotados por las tensiones separatistas
La máxima prueba es que en plena tormenta por el Consejo de Ministros en Barcelona, Sánchez insiste una y otra vez en ofrecer una reunión a Quim Torra y acepta que el president quiera hablar de autodeterminación, algo que horroriza a algunos barones. En el Gobierno siguen creyendo que la política del Ibuprofeno, en palabras de Josep Borrell, es la única salida para el problema catalán. Aunque ahora la combinan con palo y zanahoria cuando el independentismo sube el nivel de agresividad y sobre todo con la vista puesta en las elecciones. En el Gobierno están agotados de aguantar las tensiones internas de los independentistas. «La huelga de hambre está diseñada contra Oriol Junqueras, para arrebatarle el liderazgo moral», sentencia otro ministro. Nadie se fía de ellos. Pero tampoco ven otra salida que mantener el diálogo.
Precisamente por esa tensión interna entre el Gobierno y los barones, cada vez se abre paso con más fuerza la opción del superdomingo (generales, europeas, autonómicas y municipales juntas el 26 de mayo). La rechazan los barones que gobiernan. «Es una estafa democrática y un riesgo enorme. Tienen que dejarnos intentar salvar lo poco que puede quedar del PSOE con esta ola de derecha. Que dejen las generales para octubre y nosotros en mayo intentamos frenar esto. Si la campaña es nacional Cataluña se lo lleva todo y nos mata», resume uno de ellos. Pero los barones que están en la oposición no lo ven tan mal. A ellos les arrastra mucho más el voto nacional.
En La Moncloa insisten en que aún no están en eso, que ellos están concentrados en dar la batalla de los Presupuestos en enero y después se analizará cómo están las cosas. Pero en el partido empiezan a darlo por hecho, aunque la otra gran alternativa es esperar a otoño. La decisión se tomará en enero. La gran ventaja a la que apelan los defensores del superdomingo es la movilización. Si en Andalucía el drama ha sido la abstención de la izquierda —casi 800.000 votos menos entre PSOE y Adelante Andalucía— en un superdomingo todos los cargos se estarían jugando el puesto. En un partido dividido, nada une más que la búsqueda conjunta de una victoria electoral. «Los barones que no se pongan detrás del presidente van a sufrir», resumen en su entorno. Habría un empujón clave tanto dentro como fuera, porque sería más fácil implicar a los votantes.
Mientras, en Unidos Podemos, donde hace semanas se veían en el poder con Pablo Iglesias de vicepresidente y ahora temen que la derecha vuelva a La Moncloa, se consuelan pensando que es mejor que este golpe haya llegado ahora. «Si tenía que pasar, mejor que sea ahora y no en las generales», resumen. La irrupción de Vox va a provocar una gran movilización de la izquierda, confían, porque ahora todos los electores saben lo que se están jugando.
Es la idea del «si tú no vas, ellos vuelven», la eficaz campaña del PSOE en 2008 que se acompañaba de una foto de Ángel Acebes y Eduardo Zaplana. En La Moncloa aún confían en que tienen cinco meses para «recuperar el estado de ánimo posterior a la moción de censura, la sensación de que es posible el cambio sin tragedia, que se puede respirar un clima normal».
PP y Ciudadanos, por el contrario, están convencidos de que con Cataluña han encontrado el punto débil del PSOE. Van a aumentar cada día el ataque y están estableciendo una especie de reparto, según analizan varios diputados. Ciudadanos se concentra en disputarle el centro al PSOE —por eso le inquieta tanto la imagen del pacto con Vox, del que trata de huir Rivera pidiendo la abstención imposible de Susana Díaz— y consolidar a los votantes que ya ha logrado, mientras el PP se centra en la derecha y Vox puede entrar en sectores más alejados de la política. Nadie ha pactado este reparto, todos compiten entre sí.
Pero Andalucía ha demostrado que la ruptura de la derecha, contra todo pronóstico, puede servir para ampliar su espacio si la izquierda se abstiene en masa. Todos están ya en campaña. «La política es un estado de ánimo», dicen los de Sánchez. Y ahora necesitan cambiarlo. «Nuestro momento llega en el primer trimestre. Con el Presupuesto y medidas progresistas. Vivimos en una democracia del minuto. Cambia cada semana». Nadie niega que las dos últimas han sido muy malas para el Ejecutivo después del golpe de las andaluzas. Ahora viene otra muy difícil con el Consejo de Ministros en Barcelona. Pero aún conservan la pieza más importante en política: el Boletín Oficial del Estado, el gran símbolo del poder para hacer reformas. De momento, en Barcelona subirán el salario mínimo a 900 euros. Y así seguirán hasta tratar de girar el eje, de Cataluña a las políticas sociales. De su capacidad de lograrlo depende quién gobernará España en unos pocos meses.
