PABLO SUÁREZ. EL COMERCIO.- El Observatorio de la Violencia, la entidad civil creada hace casi un año para luchar contra las conductas violentas en la ciudad, cuestiona las «supuestas medidas» implementadas por el Sporting de Gijón con respecto a la prevención de grupos ultras en su entorno. «En un ejercicio de prudencia quisimos esperar a que el club pudiera tomar cartas en el asunto y hacer autocrítica sobre su posición histórica hacia la peña Ultra Boys. Sin embargo, la realidad es que no han aplicado ni una sola de las propuestas que les hicimos llegar», critican en un comunicado.
El colectivo, formado por todos los grupos políticos municipales, las asociaciones de vecinos y las principales agrupaciones que conforman el tejido asociativo de la ciudad, afea al Sporting su «pasividad» al respecto y la «patente» falta de medidas para atajar el problema. «Se han conformado con cumplir lo que un juzgado les ha dicho que tenían que hacer», afirman en referencia a la nueva grada de animación presente en el estadio, que califican de «grada ultra blanqueada».
Después de un tiempo sin señal de actividad, el Observatorio hace acto de presencia apenas unos días después de la publicación del escrito de acusación provisional de la Fiscalía por los disturbios en el derbi de septiembre de 2017 celebrado en El Molinón Enrique Castro ‘Quini’. Una causa en la que consideran que el club, como principal institución damnificada por esta conducta violenta, debería haberse personado en calidad de acusación popular. «No entendemos cómo es posible que no lo hayan hecho, al igual que tampoco entendemos por qué no se ha abierto expediente alguno a los ultras que participaron en el ataque al bar La Folixa, que tanto Delegación de Gobierno como la Policía relacionan abiertamente con el grupo Ultra Boys», aluden respecto a una suspensión cautelar contemplada en el reglamento interno del club.
Además de estas críticas, desde la entidad antiviolencia también formulan una acusación, la de que el Sporting continúa entregando entradas para favorecer los desplazamientos de los grupos ultras. «Lo han confirmado desde el propio club en varias ocasiones», aseguran dirigiéndose hacia la Comisión Social de la entidad que, siempre según la versión del Observatorio, no ha cumplido su objetivo de regenerar una nueva grada sin violentos.
Quince acusados
En su escrito de acusación por los incidentes acontecidos durante el derbi del pasado año, el ministerio fiscal solicitaba penas de entre tres y cinco años de prisión para los quince acusados, a los que consideraba culpables de delitos de atentado, desórdenes públicos y lesiones. «Todos ellos pertenecen a un grupo denominado ‘Peña Ultraboys’», afirmaba en el documento. La vista oral correspondiente a esta causa carece, por el momento, de fecha, aunque se presupone pueda ser celebrada en el primer trimestre de 2019.
