El magistrado les acusa de un delito de desórdenes públicos en la Audiencia de Barcelona
REBECA CARRANCO. EL PAÍS.- La trifulca en la Audiencia de Barcelona entre varios de los casuals —que estaban siendo juzgados por formar una organización criminal que se dedicaba a extorsionar a los locales de ocio nocturno— y los mossosse ha saldado hasta ahora con seis imputados. El titular del juzgado de instrucción 24 de Barcelona, que investiga el caso, acusa a seis casuals de un delito de desórdenes públicos, según avanzó este lunes Europa Press.
El juez ha citado a tres de ellos el 2 de septiembre, y escuchará en declaración a los tres restantes el día 12 del mismo mes. El titular del juzgado se ha basado en las imágenes tomadas en la sala polivalente de la Audiencia de Barcelona, donde durante dos meses se celebró el juicio, y en los partes médicos de los dos policías y los cuatro acusados que acabaron contusionados —todos de carácter leve— tras la refriega.
La trifulca devino el 27 de mayo, en una de las últimas sesiones del juicio, que empezó el 2 de abril. Hasta ese día, los acusados habían gozado de una plácida posición en la sala, donde comían y hablaban, e incluso abucheaban a los declarantes si no les gustaba lo que oían. Ante esa situación, tras una reunión para abordar el tema, los Mossos d’Esquadra decidieron incrementar la seguridad. El grupo de élite —GEI— escoltó de forma excepcional a los acusados a la Audiencia y dentro de la sala hubo un amplio despliegue policial. Eso despertó las quejas de los acusados, que vieron cómo acababa su reinado.
Cuando la presidenta del tribunal, Elena Guindulain, intentó referirse al incremento de las medidas de seguridad, uno de los acusados protestó de manera reiterada. La magistrada no logró imponer el orden ni con sus avisos, ni con sus llamadas al orden y al silencio, así que acabó expulsando al acusado. Cuando el resto procesados vieron que le sacaban, se levantaron e hicieron amagos de marchar también. “Si se va él, nos vamos todos”, amenazaron y se dirigieron a la puerta. En ese momento fue cuando los agentes intervinieron, intentando impedirlo. El incidente degeneró en empujones, agarrones y golpetazos.
La sesión tuvo que suspenderse. Pero cinco horas más tarde, Guindulain optó por una solución poco usual. Recibió uno a uno a los acusados, a los que les preguntó si se “comprometían a portarse bien”. Todos dijeron que sí, y la magistrada les permitió seguir en la sala, en contra de lo que había pedido la fiscal. Ana Gil. La representante del ministerio público se ha visto obligada a llevar seguridad durante el juicio, que acabó con la condena del principal acusado, Ricardo Mateo,a 12 años y nueve meses de prisión. Gil pedía para él 120 años de cárcel.“Me he sentido afrontada y violentada. Mi ánimo no está en las mejores condiciones”, alegó la fiscal, que definió la situación de “excepcional” y “violenta algarada”.
En sus conclusiones, el también fiscal Gerardo Cavero insinuó que el altercado no era casual, sino fruto de un “encargo” y criticó el comportamiento de los acusados. Estos, en su último turno de palabra,alabaron a la presidenta del tribunal. “Quiero mostrar mi gratitud al tribunal por su honorabilidad y su savoir faire, y en particular a doña Elena por el equilibrio mostrado al poner orden en la sala con mano izquierda”, afirmó ante el micrófono César Muñoz, acusado de amedrentar a testigos y de tráfico de drogas.
