Cristina Valido explica que sin el resultado de las pruebas óseas no se pueden distribuir a los menores inmigrantes entre las islas
A. RODRÍGUEZ. LA OPINIÓN.- El Ejecutivo regional llama al diálogo y a la cooperación entre las administraciones para evitar que produzcan brotes xenófobos en las Islas como consecuencia del repunte de la llegada de pateras a las costas canarias. El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, reclamó coordinación con el Estado «con independencia de quién tenga las competencias» en esta materia.
Canarias ha solicitado a Madrid fijar un reparto de los menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas debido a las dificultades que atraviesan Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla, principales receptores de pateras, para acoger a los jóvenes inmigrantes. Precisamente ayer, la Federación Canaria de Islas (Fecai), que agrupa a los cabildos canarios, exigió más recursos por parte del Estado y del Ejecutivo regional para hacer frente al repunte de la inmigración y que otras regiones reciban menores de las comunidades más afectadas por estas llegadas.
Tanto PSOE como NC advirtieron del peligro que entraña el uso de un determinado lenguaje y las actitudes alarmistas, por lo que solicitaron al Ejecutivo regional gestionar con diligencia la situación en la que se encuentran los menores llegados en pateras al Archipiélago y evitar utilizar su situación con fines partidistas.
La diputada de NC, Gladis Acuña, aseguró que en Lanzarote no existe una crisis humanitaria, sino que ha imperado la improvisación a la hora de habilitar zonas en los que acoger a los jóvenes migrantes. La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, recalcó que la declaración de emergencia humanitaria aprobada por el Cabildo lanzaroteño fue la que posibilitó ubicar a los menores en el albergue de La Santa, donde cuentan con «habitaciones dignas», y no con carpas donde alojarse a 40 grados.
Valido hizo hincapié, a su vez, en que fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el primero en referirse a un desvío de las rutas migratorias hacia el Atlántico y no hacer nada pese a conocer los fallos en el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), que carece de mantenimiento desde 2017 al no renovarse el contrato para cubrir ese servicio. Valido explicó, asimismo, que la distribución entre islas no se puede realizar sin pruebas óseas que certifiquen que los jóvenes inmigrantes tienen menos de 18 años de edad y exigió una vez más al Estado la cesión del acuartelamiento de Arrecife para alojar a los menores con más comodidad.
Para el PP, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, debe abandonar su actitud «de todo pegas con Canarias» y «el no por el no» en los requerimientos en esta materia.
