El Gobierno italiano baraja derogar la ley que prohíbe la violencia racista

| 3 agosto, 2018

La ‘Ley Mancino’ castiga a quien incita a cometer actos de violencia racista, con penas de hasta de 18 meses de cárcel y multas de hasta 6.000 euros

03/08/2018 El Mundo.- En lo que va de semana, incluyendo lo ocurrido en las últimas 24 horas, en Italiase han producido ya cuatro episodios de violencia racista. Mientras la prensa y la política italiana observan con atención un fenómeno muy delicado, uno de los ministros más polémico del Gobierno Conte, Lorenzo Fontana, que defiende la cartera de Familia, está dispuesto a generar aún más polémica con el apoyo implícito del vicepresidente y ministro del Interior, el líder de la xenófoba Liga, Matteo Salvini. Según Fontana, lo ideal sería derogar la conocida como “Ley Mancino” que castiga quien incita a cometer actos de violencia racista o supremacista.

En otras palabras, el ministro que en la última campaña electoral de su partido tergiversó las palabras de la Constitución Italiana asegurando que en ella “también se habla de razas”, propone la anulación de la ley que, en la práctica, castiga el pensamiento y la violencia fascista, supremacista y racista en Italia. El motivo de su posible propuesta lo ha explicado hace pocas horas en su perfil de la red social Facebook: “Deroguemos la Ley Mancino, que en estos años se ha convertido en una excusa normativa empleada por los defensores de la globalización para cubrir de antifascismo su racismo anti italiano“.

Como era de esperar, en cuestión de pocas horas, han reaccionado muchos protagonistas destacados de la política italiana: “Hay que derogar el ministro Fontana. Y con él, el Gobierno del odio, cada vez más peligroso para los italianos”, afirma Maurizio Martina, líder interino del progresista Partido Democrático. El representante de la comunidad judía en Italia, Noemi Di Segni, se dirige al presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte: “La República Italiana se funda sobre el antifascismo y sobre el rechazo de cualquier forma de odio y racismo. No hay que alimentar ulteriores miedos y rencores sociales“. El primer ministro, ha tenido que aclarar su postura de forma definitiva: “La derogación de la Ley Mancino no ha sido nunca objetivo de discusión o confrontación entre los diferentes miembros del Gobierno”. El propio socio mayoritario del Ejecutivo, el líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, ha tratado de quitarle hierro al asunto: “La idea de derogar esta ley no está en el contrato de Gobierno (con la Liga)”. Sin embargo acusa a “algunos” medios de comunicación de “instrumentalizar determinados casos de violencia para eludir las verdaderas emergencias del país”.

Los dos nuevos casos de agresión, presuntamente por razones de tipo racial, han tenido lugar en Nápoles y en Toscana. El primero ha afectado a un vendedor ambulante de 22 años, Cissè Elhadji Diebel, de origen senegalés y con regular permiso de residencia. Ayer por la noche recibió un tiro de pistola procedente de dos chicos subidos en una moto, hiriéndolo en una pierna, aunque la agencia italiana de noticias ANSA asegura que está fuera de peligro. Lo mismo le pasó ayer en Pistoia (Toscana), a Buba Ceesay, de 24 años, procedente de Gambia; hecho que se pudo conocer gracias a la entrada de Facebook de Massimo Biancalani, párroco que acogía al joven africano.

El debate político italiano se está centrando cada vez más en el racismo, teniendo en cuenta además que el actual vicepresidente y ministro del Interior, Matteo Salvini, consiguió un gran consenso popular instrumentalizando el fenómeno de las migraciones. Sin embargo, su compañero de partido Luca Zaia, presidente de la región Véneto lo tiene claro: “Un no total al racismo, a los insultos y a los ataques hacia quien tiene la piel negra”, decía hace pocos días en la red social Twitter. Así pues, Matteo Salvini, el ministro en campaña permanente, es posible que con su ambigüedad en materia xenófoba, esté sembrando su posible fractura en su propio partido.

La Ley Mancino, de 1993, prevé castigos para quien incita o comete actos de violencia por razones de tipo racial, étnicos, nacional o religioso; con penas de cárcel previstas de 6 meses a 4 años. Con esta norma se prohíbe también la propaganda de ideas basadas en el supremacismo u odio racial o actos de discriminación. La pena prevista, en este caso, es de hasta 18 meses y una multa de hasta 6.000 euros. Desde 1952, sin embargo, la Ley Scelba, castiga cualquier persona que promueva u organice la refundación del desaparecido partido fascista italiano.

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