El grupo socialista en el Senado solicita al Gobierno que los registros civiles respeten la legislación y dejen de discriminar a las parejas de madres lesbianas.
Catalá asegura que a Esther y Cristina se les aplicó un criterio de una ley de 2006, ya reformada por el Gobierno del PP.
22/05/2018 20 Minutos.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este martes que las trabas que han encontrado dos mujeres para inscribir a su bebé en el Registro Civil de Murcia son un caso aislado de entre más de 8.000 registros civiles en España porque la ley no contempla ningún “régimen diferente”, ninguna “singularidad”, para que una pareja del mismo sexo inscriba a su hijo en comparación con una pareja heterosexual.
Catalá ha recordado en el Senado que en 2015 entró en vigor la reforma de la Ley de Registro Civil que contempla que “dos mujeres que van a tener un hijo no tengan que acreditar nada” y ha señalado que el caso de Murcia es uno entre los “8.300 registros civiles al día que aplican la legislación que aprobó este Gobierno para superar la ley del PSOE de 2006”.
El ministro de Justicia ha respondido así al Senador socialista Juan Luis Soto Burillo, que en la sesión de control al Gobierno de este martes le ha preguntado por el caso de Esther y Cristina, dos mujeres a la que el Registro Civil de Murcia les exigió como requisito para inscribir a su bebé un documento oficial del centro de reproducción asistida donde éste fue concebido, un trámite que, según denunciaron en la red social Twitter, no se exige nunca a las pareja heterosexuales. Al hilo de esta experiencia, Soto Burrillo ha preguntado a Catalá si el Gobierno considera que “una pareja de mujeres debe tener requisitos diferentes” que las heterosexuales para registrar a sus hijos.
“En absoluto, no lo considera el Gobierno y tampoco la ley”, ha contestado el ministro, que ha señalado que el caso de Murcia, además de ser un hecho puntual, es producto de que este juzgado ha utilizado un “criterio” que alude a una ley aprobada en 2006 por el Gobierno del PSOE para el registro de hijos por parte de parejas de mujeres, que debían presentar para ello una acreditación de la fecundación in vitro. Catalá se ha sacudido las acusaciones de Soto Burillo de “sectarismo ideológico”, aclarando que esta norma fue reformada en 2015 por una nueva ley del Registro Civil “para superar a la del PSOE” y que ya no establece ninguna diferencia entre parejas homosexuales y heterosexuales. En concreto, el ministro se ha referido al artículo 44.5 de esta ley establece que los requisitos para registrar la filiación de un bebé, esto es, una declaración oficial firmado por el o los declarantes y avalada por un médico, enfermero o ginecólogo que asistió al nacimiento, también se hace extensivo a las parejas formadas por dos mujeres.
“También constará como filiación matrimonial cuando la madre estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer y esta última manifestara que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge”, dice el artículo al que ha aludido Catalá, que ha insistido en que la reforma de 2015 permite que “dos mujeres que van a tener un hijo no tengan que acreditar nada”. 8.300 registros al día según la ley “Si un registro civil en concreto ha pedido un papel de una ley reformada, los 8.300 registros civiles al día aplican la legislación que aprobó este Gobierno para superar una ley del PSOE del 2006”, ha dicho Catalá a la ley sobre Reproducción Asistida que aquel año aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la que se indicaba sobre la filiación que “cuando la mujer estuviere casada y no separada legalmente, con otra mujer, esta última podrá manifestar que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge”.
En la ley de 2006 para los casos en los que el bebé haya sido concebido con técnicas de reproducción asisitida, en el caso de una pareja heterosexual se establece que «ni la mujer ni el marido, cuando hayan prestado su consentimiento formal, previo y expreso a determinada fecundación, podrán impugnar la filiación matrimonioal del hijo nacido como consecuencia de tal fecundación». Cuando las casadas sean dos mujeres, la ley de 2006 dice que una de ellas deberá «manifestar que consiente en que se determine a su favor la filiación al hijo nacido de su cónyuge», el decir, el reconocimiento de que ambas mujeres son progenitoras no es automático, como se consideraba con un matrimonio heterosexual Dificultades para registrar El Gobierno, pues, se lava las manos por la existencia de casos puntuales en los que un Registro Civil tome un criterio de una ley reformada y que son más que el de Esther y Cristina, según ha explicado Soto Burillo a 20minutos. Existen otros en los que se ha constatado recientemente la discriminación en los registros civiles a la hora de inscribir a hijos de dos mujeres, y ello a pesar de que una reforma del registro civil que entró en vigor en 2015 debería impedir dichas trabas.
«Lo que pretendíamos era que el Gobierno se manifestara en contra de la discriminación y se comprometiera a permitir el acceso en condiciones de igualdad a las personas LGTB», ha señalado Soto Burillo. La pareja que centra la pregunta a Catalá, Esther y Cristina, explicaron en la red social Twitter su sorpresa cuando fueron a inscribir a su hijo en común en el registro y les solicitaron un certificado de la clínica de reproducción asistida. Ellas sabían que otras madres habían denunciado con anterioridad la discriminación y habían conseguido que los matrimonios formados por dos mujeres pudieran inscribir a aus hijos con la doble filiación materna, aunque no hubieran recurrido a técnicas de reproducción asistida. De hecho, la pareja formada por Brenda y María José hicieron público sus trabas a la hora de inscribir a su hijo Lennon en Alicante.
Un juez se negó a inscribirlo como hijo de ambas porque no aportaron comprobante de que su concepción fue mediante técnicas de reproducción asistida. Ganaron la batalla judicial y creyeron haber sentado un precedente de no discriminación, que sin embargo, no se ha generalizado en toda España.
