El Gobierno cambiará la Ley de Memoria Histórica y busca cómo prohibir las asociaciones franquistas

| 11 julio, 2018

11/07/2018 El Mundo.- El Gobierno reformará a fondo la Ley de Memoria Histórica para, entre otros aspectos, declarar la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales de excepción franquistas. Así lo ha anunciado hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso la ministra Dolores Delgado, que ha apuntado otras medidas que incluirá esa reforma: “impulsar desde lo público” las exhumaciones, crear “una Comisión de la Verdad”, “resignificar” el Valle de los Caídos y retirar toda la simbología de exaltación de la Guerra Civil, sancionando a quien se resista a ello.

También se reabrirá la Oficina de Víctimas del Franquismo y se estudiará la manera de ilegalizar las asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo. Delgado ha añadido que la Dirección General de Memoria Históricarecién creada establecerá planes de búsqueda de desaparecidos y procederá a la publicación de “un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”.

La ministra ha afirmado que España “no puede seguir siendo el país al que se identifica en foros internacionales como uno de los mayores incumplidores de las resoluciones de esa categoría que se refieren a violaciones de Derechos Humanos y al derecho a la verdad, la justicia, la reparación”.

Justicia universal

Otro de los siete puntos en los que la ministra ha centrado su intervención ha sido el de la jurisdicción universal, que permite la persecución de delitos cometidos en otros países. Delgado ha explicado que considera “imprescindible” recuperar la legislación vigente entre 1985 y 2009, “revisada conforme a nuevas necesidades como la persecución de crímenes internacionales de naturaleza económica, financiera y medioambiental”.

Es decir, que propondrá revocar los últimos recortes de la justicia universal, acordados primero por gobiernos del PSOE y luego, más a fondo, del PP. Delgado se ha comprometido a presentar una propuesta concreta a las Cortes antes de final de año. Esos recortes dieron al traste con investigaciones que alcanzaban a ChinaIsrael y Estados Unidos, entre otros países. La ministra fue la fiscal que ejerció la acusación en la única condena por delitos de lesa humanidad dictada en España, contra el militar argentino Adolfo Scilingo.

La elección del CGPJ seguirá igual

Además de explicar lo que va a hacer, la ministra habló de lo que no va a hacer: no va a modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está en manos del Congreso y el Senado. Delgado sí ha sostenido que “el proceso” de selección actual se asemeja “al patio de Monipodio”, pero ha añadido que el sistema en sí – que sean los partidos quienes elijan por mayoría cualificada a los miembros del Consejo- ha sido avalado por el TC y es el que “con más acierto combina” las aspiraciones profesionales con los intereses generales.

La ministra descarta así la propuesta unánime de las asociaciones judiciales de que sean los jueces quienes escojan a los 12 vocales del total de 20 que deben tener procedencia judicial. Esa medida había sido expresamente respaldada por las asociaciones de fiscales, entre ellas la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que representaba Delgado hasta su nombramiento. Los cambios se producirán “en el proceso, no en el sistema”, ha insistido la ministra.

Lo que Delgado considera necesario modificar es el proceso de selección, que quiere hacer más transparente y objetivo, con un escrutinio público mayor de los candidatos. Para ello ha pedido el apoyo parlamentario de otros grupos. También considera que sería bueno modificar el sistema interno de funcionamiento aprobado con Alberto Ruiz-Gallardón como ministro. Este diseño centraba el control del Consejo en un grupo reducido de vocales a tiempo completo y, a juicio de sus críticos, creaba un Consejo presidencialista. “Se estudiará la reforma de su modelo de funcionamiento interno para que recupere su condición de órgano colegiado formado por vocales dedicados en exclusiva al gobierno de los jueces”, ha explicado.

El PSOE nunca ha respaldado la modificación del sistema que en los años 80 -por una reforma del propio PSOE- dejó en manos de las Cortes la elección de todos los vocales. El representante de los socialistas en la Comisión ha respaldado, lógicamente, la postura de la ministra. También los ha hecho el representante Podemos. No así el siguiente grupo en número de escaños. Ciudadanos ha acusado a Delgado “olvidarse” de una reforma que como fiscal consideraba necesaria y de no resistirse a la tradición de quienes gobiernan de “meter las manos” en el Consejo.

Sin concretar tanto, la ministra ha afirmado que adoptará “otros mecanismos” para garantizar la independencia judicial “respecto de otros poderes del Estado o frente a presiones e injerencias de cualquier tipo.”

Tampoco cambiará el nombramiento del fiscal general del Estado. En este caso está en manos del Gobierno, por lo que la alternativa propuesta, y descartada por la ministra, era que la designación recayese en una mayoría cualificada de las Cortes.

Plazos de investigación

En su intervención para exponer las líneas maestras de su programa, la ministra también ha anunciado que promoverá en las Cortes la derogación de la ley del PP que estableció unos plazos máximos de instrucción y atribuyó su control a los fiscales. La ex fiscal coincide con las asociaciones de fiscales al considerar incoherente que sea el fiscal el responsable pese a que el control de las causas sigue en manos de los jueces. En su opinión, los defectos del sistema activado en 2016 han creado espacios de “impunidad” que deben ser abolidos.

“Perspectiva de género”

La ministra ha hecho referencia a uno de los asuntos que más ha abordado desde su nombramiento, el de la revisión de las leyes “desde una perspectiva de género”. Delgado ha confirmado que se está revisando la redacción de diversas normas, en particular el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que regula los juicios penales). Además, ha añadido que el Gobierno “estudia considerar a las víctimas de agresión sexual como víctimas de violencia de género”, lo que permitiría otorgarles el derecho de asistencia jurídica gratuita e implicaría la obligatoriedad de aplicar todas las medidas previstas en la ley integral contra la violencia de género en estos supuestos, como la labor de asesoramiento previo y acompañamiento a las víctimas.

Delgado ha mencionado las “justas demandas” de “millones de mujeres” en las calles por la sentencia de la Manada. La ministra ha respaldado la propuesta de la vicepresidenta, Carmen Calvo, de reformar la ley para que lo que no sea un consentimiento expreso para mantener relaciones sexuales se considere agresión sexual, una planeamiento que ha recibido muchas críticas de juristas. “En la legislación comparada puede estar la respuesta”, ha dicho la ministra, después de que Calvo se refiriera como ejemplos a las legislaciones de Suecia y Alemania.

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