La fiscalía catalana impulsa una reforma de la ley para que afloren los delitos de odio. La propuesta persigue que los inmigrantes acudan a la policía sin temor a la expulsión
J.G. ALBALAT. EL PERIÓDICO.- Del 80% al 90% de los delitos de odio, discriminación y racismo no se denuncian ni llegan a manos de la policía ni de la justicia, según los organismos europeos. La Fiscalía Superior de Catalunya propone en su memoria anual, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, una reforma legislativa que permitiría que los extranjeros que viven en España de forma irregular denuncien estas actuaciones delictivas sin poner en peligro su permanencia en el país. En concreto, se sugiere que se modifique la legislación de extranjería para que los inmigrantes que carecen de papeles y hayan sido víctimas de estos delitos, especialmente cuando hayan sido cometido con violencia o intimidación, puedan obtener el permiso de residencia al denunciar, como ya sucede con las víctimas de delitos sexistas o de trata de personas. La Fiscalía General del Estado ha recogido el guante lanzado desde Catalunya y ha incluido esta propuesta en su memoria.
El fiscal delegado de delitos de odio y discriminación de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, ha mostrado reiteradamente su preocupación por la elevada cifra sumergida de actos delictivos de esta naturaleza que se cometen y no se denuncian, tal y como han puesto de manifiesto diferentes organismos internacionales, como la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esta preocupación se ha visto reflejada ahora en la memoria de la fiscalía catalana con una propuesta de reforma de la legislación vigente.
MÁS CONFIANZA
El objetivo, según la fiscalía catalana, es que los inmigrantes que carezcan del permiso de residencia puedan «sentirse más seguros» y evitar «el temor a una probable expulsión» del territorio nacional si acuden a una comisaría. Es decir, recalca, que tengan «una mayor confianza en los cuerpos y fuerzas de seguridad y en los jueces y fiscales» y, de esta manera, facilitar la denuncia de los «hechos sufridos y su eficaz persecución».
La modificación legislativa se centraría en incluir un apartado específico en la ley orgánica de derechos y libertades de los extranjeros (4/200 del 11 de enero) que permitiera a las personas en situación irregular en España que hayan sido víctimas de delitos de odio y discriminación queden exentas de responsabilidad administrativa y evitar la expulsión «a condición de denunciar a los autores o cooperadores de dichos delitos» o cooperando y colaborando con las autoridades, «proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el proceso» judicial contra los que han cometido la infracción penal.
La propuesta detalla que podrían protegerse bajo este paraguas legal las personas que hayan sido víctimas de delitos cometidos por motivos racistas, atisemitas u «otra de discriminación referente a ideología, religión, creencias, etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, la enfermedad que padezca o su discapacidad».
VIOLENCIA SEXISTA Y TRATA
La ley de extranjería ya contempla esta medida para las víctimas de violencia sexista o de trata de personas. Por lo tanto, solo se debería añadir un apartado para los inmigrantes sin papeles que hayan padecido un delito de ocio o discriminación. Esta medida se enmarca en las conclusiones aprobadas por el Consejo de la Unión Europea de diciembre del 2013 en las que se invitaban a los países miembros «a tomar las medidas adecuadas para facilitar las denuncias de los delitos motivados por el odio por las víctimas y, en la medida de lo posible, por las asociaciones que les brindan apoyo, incluidas medidas para generar confianza en la policía y en otras instituciones».
Los delitos de odio y discriminación van en aumento en España. Según datos del Ministerio del Interior, en el 2013 se registraron 1.172 hechos de esta naturaleza y en el 2014, 1.285, lo que supone un incremento del 9,6%. La mayoría de los actos cometidos se refieren a agresiones por orientación o identidad sexual de la víctima (513, en el 2014), seguido de actos racistas (475 casos). En el conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera, destacan las procedentes de Marruecos y Rumanía.
