El Periódico/J.G. Albalat.- Colau lleva a Fiscalía una fake news xenófoba que la acusa de comprar votos
El Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Oficina de No Discriminación, ha denunciado ante la fiscalía por un delito de odio a los autores de un mensaje falso, difundido a través de las redes sociales, donde se explicaba que la Guardia Civil había detectado la presencia de 1.600 personas, residentes en Marruecos, empadronadas fraudulentamente en un piso donde únicamente residían cinco personas, para cobrar ayudas sociales y votar por correo en las elecciones municipales.
«Nuevo escándalo de la alcaldesa de Barcelona y su equipo de gobierno». Con esa frase se encabezaba el mensaje difundido el 15 y 16 de marzo sobre la supuesta vivienda «de la zona de Horta-Guinardó» donde «figuraban 1.600 empadronados de origen magrebí». Los autores del texto incidían que podrían haber muchos pisos más de estas característica y que el escándalo había sido «tapado el escándalo» por los medios de comunicación. El ataque a la alcaldesa de Barcelona era directo: «Si Colau gana las próximas elecciones municipales ya podrá empezar a pensar de donde vienen los votos».
El Consistorio ha podido comprobar que el mensaje ha sido «ampliamente» difundido en las redes sociales, por Watsapp, Twitter, entre otras, «obteniendo decenas de miles de visualizaciones y de tantas otras comparticiones», lo que ha provocado una «notoria publicidad», sostiene el equipo municipal. En su denuncia, recalca que este texto, «a parte del indudable contenido calumnioso hacia la alcaldesa de Barcelona, representa una incitación al odio, al rencor y la animadversión hacia la comunidad magrebí de Marruecos», al atribuirles de forma «directa y masiva» la comisión de una estafa. En concreto, el empadronamiento fraudulento en la ciudad sin residir para «obtener beneficios administrativos».
«Estigmatizado bulo»
El informe jurídico del Ayuntamiento apunta que los autores, «entre los que encuentran juristas, psicólogos, guardia civiles e inspectores de policía», eran conocedores de «la absoluta falsedad del mensaje por su total inverisimilitud». Como prueba de ello, destaca que no iba acompañado de ninguna noticia ni referencia periodística que permitiera atribuirle credibilidad, sino que se amparaba en «un nocivo y estigmatizado bulo respecto a que los magrebíes se empadronan de forma fraudulenta en domicilios para obtener ayudas económicas».
El Consistorio identifica cuatro cuentas de Twitter que se hicieron eco del texto, detrás las que hay, entre otras personas, un agente de la Guardia Civil, L. C., que consiguió 2.711 reproducciones, y un inspector de policía, R. L. C, con 89.900 visualizaciones. La denuncia concluye que «estos hechos no pueden estar amparados en el derecho a la libertad de expresión», pues de «manera clara y explícita» suponen un «menosprecio y una humillación» para la comunidad magrebí y la de Marruecos». Y añade que se incluyen unos mensajes «discriminatorios y que promueven la violencia también entre el colectivo de personas extranjeras».
Por esta razón, el Ayuntamiento considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de odio, castigado con penas de prisión de uno a cuatro años y multa, y propone que los Mossos recaben los datos necesarios sobre la autoría y los datos de filiación de las personas que se encuentran detrás de los perfiles de Twitter identificados y averigüe si se han producido otras comparticiones masivas.
