MARÍA DANIELA YACCAR (PÁGINA 12)/PÚBICO.- Una modelo denuncia a través de sus redes sociales los requisitos de admisión de Northlands, uno de los centros educativos más exclusivos de Argentina. Para matricular a sus hijos, le exigen una foto de familia y cartas de recomendación.
Una escuela con «derecho de admisión en la puerta». Es lo que ha denunciado a través de sus redes sociales la modelo argentina Evangelina Anderson, que lamenta la discriminación y el «racismo» que, bajo su punto de vista, denotan los criterios de selección del colegio Northlands, uno de los centros de enseñanza privada más exclusivos de Buenos Aires. Más allá de la capacidad económica, se tienen en cuenta cuestiones como la procedencia de los menores o su posicionamiento social. En concreto, la influencer ha afeado que le hayan exigido una foto de familia y varias cartas de recomendación para poder matricular a sus hijos en el programa académico de la institución.
Su queja se ha convertido en una de las noticias de la semana en Argentina. El escritor y pedagogo Carlos Skliar ilustra el proceso con una imagen reveladora: la de una «escuela-discoteca». La denuncia que hizo Evangelina Anderson, pareja del exfutbolista Martín Demichelis, pone de manifiesto un «problema jurídico», tal y como advierte Fernanda Juarros, doctora en Ciencias Sociales. ¿Los motivos? Según la experta, los excesivos requisitos para acceder al colegio chocan con las «normas de protección y promoción de los derechos humanos». A raíz de lo ocurrido, el Instituto Argentino contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo emitió un comunicado en el que instó a los centros educativos a fijar «condiciones razonables» para la admisión.
Con motivo del inminente inicio de las clases, previsto en casi todos los países de América Latina para el próximo mes de marzo, Anderson publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram exponiendo las cláusulas que pide el colegio Northlands (Buenos Aires) para aceptar nuevos estudiantes. Entre ellos figuran, además de la foto familiar, dos cartas de recomendación firmadas por miembros que pertenezcan a la comunidad educativa del centro desde hace más de tres años. «En todos los colegios que tuve posibilidad de mandar a mis hijos jamás vi una cosa así», destacó la modelo, que viene de vivir en Alemania. «¡Me parece terrible! ¿Esto no es un claro ejemplo de racismo?», preguntó a continuación.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se despide de los alumnos a su salida del colegio bilingüe San Agustín Los Negrales de Guadarrama, a 11 de noviembre de 2022, en Guadarrama, Madrid (España).
Varios padres y madres de estudiantes del Northlands aseguraron que se trata de una práctica «habitual en un montón de colegios». «Es un tema naturalizado», señala Esther Levy, doctora en Educación. Por su parte, Perpetuo Lentijo, secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas de Argentina, muestra su sorpresa: «Es la primera vez que escucho algo así. No hemos tenido ninguna queja por estas situaciones». No obstante, Levy valora que un personaje con tanta repercusión pública haya puesto sobre la mesa un problema de este nivel: «Le llamó la atención. Ella viene de otro país, quizá allí no sucede. Ella tranquilamente puede llevar una imagen, conseguir tres o cuatro contactos y la van a aceptar. Que salga a decir esto es genial. El marido es el entrenador de un club muy importante. Son figuras que si dicen algo van a ser escuchadas».
Según Adriana Donzelli, referente del Sindicato Argentino de Docentes Privados, estas prácticas se dan en determinado sector de la enseñanza privada: los que son «ciertamente elitistas» y delinean un perfil de público. «No son la mayoría, ni de lejos. Probablemente en los últimos tiempos hubo una radicalización de posturas y puede haberse profundizado esta mirada», añade. «Muchas veces la búsqueda de un tipo de alumno concreto termina entrando en cuestiones de discriminación y segregación. Esto contradice todo lo que tiene que ver con los valores educativos. Si entendemos que la educación es una herramienta de inclusión social, este tipo de colegios camina en sentido contrario», sentencia la representante sindical.
«Si la foto se ha pedido antes de la matriculación induce a sospechas sobre algún tipo de discriminación, lo cual sería inadmisible. En cambio, si se hace después de la inscripción, es una forma de conocer a la familia y se puede utilizar para alguna actividad académica», explica Lentijo. «El derecho de admisión en la escuela privada existe como en cualquier otro ámbito privado, pero generalmente fundado en principios que no atentan contra la dignidad de la persona», continúa. Fuentes de Northlands defienden que el pedido obedece a «motivos de seguridad y personalización» y que no tiene «injerencia en el criterio de selección» ni «representa un acto discriminatorio en una institución que valora la diversidad».
Imagen de archivo de una mujer musulmana a la puerta de una mezquita. En Valencia, a 15 de mayo de 2020.
La denuncia de la modelo apunta directamente al racismo. El Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo sugiere que el motivo podría tener que ver con la exclusión de la «diversidad familiar». En un comunicado, el organismo indicó que desde 2008 hasta la actualidad recibió cerca de 4.000 denuncias vinculadas a discriminación en el ámbito educativo. El 41% de las personas consultadas para un informe percibe que existe discriminación en el ámbito escolar y la escuela se identifica como el principal ámbito en el que la discriminación ocurre. «No sólo en la admisión, sino en toda la trayectoria escolar. En muchos casos tiene efectos que exceden el ámbito académico y repercuten en las familias», plantea el texto.
«La diversidad familiar no puede ser un motivo que condicione la admisión. Las instituciones educativas tienen la obligación de fijar requisitos razonables para la admisión. Esto obliga a que los criterios establecidos sean razonables y no arbitrarios, es decir, que no vulneren el principio de igualdad ante la ley», concluye el comunicado. En estos términos, Fernanda Juarros, licenciada en Ciencias de la Educación y doctora en Ciencias Sociales, explica que «en las escuelas de gestión privada, en la teoría y también en la práctica, el derecho de admisión, sobre todo en los niveles inicial y primario, presenta un problema jurídico porque entra en conflicto con las normas de protección y promoción de los derechos humanos. Esta tensión y contraposición de intereses refleja de algún modo la desigualdad en términos de capital cultural y económico. Por eso, encontrar el equilibrio de los derechos y deberes que posee cada parte es un desafío y una tarea».
Por su parte, la doctora Levy considera «importante» que el Gobierno intervenga para evitar y responder a episodios como este. «Según la ley de educación nacional, las escuelas son todas públicas, lo que cambia es la gestión. Es decir, el Estado tiene que intervenir. Es el responsable de garantizar los derechos sociales vinculados a la no discriminación. En estos escenarios, los derechos desaparecen y se presenta muy fuerte la idea del mérito, vinculada a una cuestión hereditaria, de clase, color de piel y económica», argumenta la experta en Educación. «El hecho de que la gestión sea de titularidad privada no quiere decir que se puedan desconocer los derechos de los niños y adolescentes que concurren. Estos criterios de admisión están reñidos con el goce de derechos y con la ley de educación nacional», coincide Doncelli.
En la provincia de Buenos Aires, el derecho de admisión de los colegios privados está regulado por una ley, que establece que las instituciones no pueden negarle la matriculación a ningún candidato o, en su defecto, deben fundamentar los motivos de esa decisión. La normativa no contempla como requisito que se solicite una foto, por lo que una situación así podría denunciarse ante una posterior negativa en la aceptación. Si las familias solicitan explicaciones y la información es insuficiente o se les niega, pueden emprender acciones legales por distintas vías. Si Dirección General de Cultura y Educación recibe una de estas denuncias, puede determinar una sanción con apercibimiento y/o una multa de entre cuatro y 12 sueldos docentes.
«En ninguna parte de la normativa se encuentran este tipo de elementos», dice Lentijo. «No sé si lo del Northlands fue aprobado por una autoridad. Parece más una cuestión de hábitos del colegio que excede lo habitual y lo razonable. Los reglamentos internos no pueden ir nunca contra normas constitucionales o contra las leyes de educación», explica. «Por lo general, las escuelas invitan a los padres a visitar la institución y programan una entrevista con el equipo directivo. Luego se hace la inscripción. Algunas, por el nivel de requerimiento o por la capacidad, tienen algún tipo de examen de ingreso. Las bilingües requieren algún nivel de conocimiento previo», detalla el secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas de Argentina.
Según la información publicada en la página web del colegio Northlands, el valor de la matrícula y de las cuotas para 2023 es de 221.200 pesos argentinos hasta el tercer curso y 261.000 pesos de cuarto a sexto, es decir, 1.074 y 1.268 euros respectivamente. En secundaria, el coste llega a alcanzar los 328.000 pesos en los últimos años, o lo que es lo mismo, unos 1.593 euros mensuales por estudiar en sus instalaciones. Para Levy, el asunto de los requisitos no tiene tanto que ver con lo económico. «Creo que está en último lugar, el principal filtro es de clase, la pertenencia a una élite. Está tan normalizado que no salió nadie antes a denunciarlo. Es como un control fronterizo».
«Me recuerda a una idea de selección de personal, muy distinta a una de puertas abiertas a la comunidad. Veo claramente una figura de escuela-discoteca, con un derecho de admisión en la puerta. Alguien se atribuye el poder de decidir quién sí y quién no. En la educación no puede pasar. Por más que sea un ámbito privado tiene efectos sobre lo público y lo sabemos muy bien. Allí se forman líderes, gobernantes, dueños de empresas y de medios», analiza el escritor, pensador y pedagogo Carlos Skliar. Él ha participado en un proceso judicial que consiguió que los colegios de Buenos Aires no discriminasen por discapacidad. «Hay colegios privados que crean una entrada absolutamente hospitalaria, pensada desde el barrio, la comunidad, el lugar donde están. Pero en otros hay una especie de silencio. No se entiende muy bien qué tipo de proyecto hay ahí, qué están buscando», contrasta.
Aunque no hay que idealizarlo, en el contexto de la educación pública no es posible que suceda algo parecido a lo del Northlands. «Es el espacio de todos, ahí van el hijo del portero, el de la médica… Lo que me preocupa es la posibilidad de que los hijos de las familias selectas reproduzcan patrones de desigualdad en el futuro», dice Levy. «Tenemos que revisar qué estamos enseñando y qué admite o no el sistema educativo. No se pueden admitir situaciones de racismo. En la escuela pública el Estado mira permanentemente qué pasa. En estos lugares no», completa la pedagoga. La experta da a entender que el hecho de que el Estado no subvencione a instituciones como esta no implica que deba retirarse de sus conflictos.
«Una de las cosas que hay que preguntarse es si se trata o no de un proyecto educativo cuando hay una especie de seguro sobre qué tipo de población se va a aceptar. ¿Es un proyecto educativo o de otra naturaleza, que usando instituciones educativas intenta asegurar el éxito de su proyecto? ¿Cuánto tiene de educativo no crear una comunidad plural, múltiple, y hacer una suerte de selección de personal más ligada a lo empresarial que a lo formativo? ¿Cuánto tiene de formativo estar entre idénticos? Porque ni siquiera es entre iguales. Estas prácticas implican un éxito del proyecto que se desparrama de la idea del éxito individual, multiplicado por la cantidad de chicos y chicas que asisten a la escuela», concluye Skliar.
