A pesar de haber pisado suelo de jurisdicción española, no le fue realizado procedimiento de solicitud para tener calidad de refugiado, asilado u otra protección internacional, dice la denuncia, que acompaña un vídeo de los hechos. El joven, procedente de Mali, está en paradero desconocido desde que hace tres meses agentes marroquíes tomaran el monte Gurugú y llevaran a cientos de subsaharianos a centros de detención. La denuncia se apoya en un gran número de directivas y pactos europeos que habrían violado los agentes de la Guardia Civil que devolvieron al menor al lado marroquí de la valla.
JAVIER RAMAJO. EL DIARIO.ES.- Pocos días después de que la ONU haya pedido a España que revise la reforma de las devoluciones en frontera, al Gobierno estatal le llega una denuncia por infracción de la legislación de la Unión Europea por la devolución de un menor de 17 años que trató de entrar varias veces en nuestro país a través de la valla de Melilla, la última el pasado diciembre.
La historia de Diakaridia Diallo es conocida desde que la asociación Pro.De.In hizo público a finales de año un vídeo donde, precisamente, se aprecian con detalle los hechos que se recogen en esta denuncia, presentada con fecha 13 de mayo desde Sevilla por el Comité René Cassin, una asociación no gubernamental y no lucrativa creada en 1993, dedicada a la actividad social en favor de los derechos fundamentales y civiles.
Como ya informó recientemente eldiario.es Andalucía, el menor comunicó su caso al comité contra la tortura de la ONU, si bien ahora se centra en denunciar cómo fue «devuelto de forma inmediata sin trámite o procedimiento ni asistencia de ningún tipo» a las autoridades marroquíes tras pisar suelo español. «Después de haber permanecido subido incesantemente en la valla durante seis horas, el menor desciende por una escalera dispuesta por la Guardia Civil apoyada al vallado y orientada a territorio Español. Diakaridia Diallo pisa suelo de jurisdicción Española», relata la denuncia.
«Diakaridia es detenido por dos agentes de la Guardia Civil que lo maniatan con cuerdas y es conducido hacia una triple puerta que sirve de paso hacia Marruecos, violándose tanto la legislación nacional e internacional», dice el escrito, que explica los pasos previos y los sufridos posteriormente de los que ya dio cuenta en su comunicación ante Naciones Unidas. Ahora, la denuncia se presenta en concreto ante la Comisión Europea «en contra del Reino de España, por transgresión del derecho de la Unión e incumplimiento de sus obligaciones comunitarias, debido a actos cometidos por funcionarios del Ministerio del Interior de dicho Estado».
Desde febrero de este año se desconoce el paradero del menor de Mali después de que, tras un nuevo paso por el monte Gurugú, las fuerzas auxiliares marroquíes y la gendarmería real tomaran el lugar. «Detuvieron a unas 1.200 subsaharianos, a quienes distribuyeron en unos 24 autobuses para llevarlos a distintos centros de detención en territorio marroquí». Fuentes cercanas al menor señalan que Diakaridia Diallo debe encontrarse ahora en algún lugar entre Oujda y Nador, al noreste del país.
Según el comité denunciante, «el Reino de España a través de los agentes de la Guardia Civil quienes han desplegado actos en el marco de la Política Europea de Inmigración tendiente a combatir la inmigración irregular, ha infringido el derecho de la Unión Europea al devolver de forma ilegal hacía territorio Marroquí al menor Diakaridia Diallo, quien a pesar de haber pisado suelo de jurisdicción Española no le fue realizado procedimiento de solicitud para tener calidad de refugiado, asilado u otra protección internacional».
«Tampoco se dictó decisión formal de devolución tal como lo establecen las Directivas comunitarias y el ordenamiento interno Español, el cual las desarrolla, violándose los Derechos Fundamentales de Diakaridia Diallo. Dichos actos han infringido la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y Protocolo de Nueva York de 1967 (Art. 1 y 3)», detalla la denuncia.
El Comité René Cassin, que trabaja de apoyo y asistencia jurídica a personas sin recursos, tanto en España como en terceros países, personas desplazadas, grupos vulnerables, y cuyo ámbito abarca Andalucía y Extremadura, recuerda en la denuncia las circunstancias del joven en los últimos meses, sus intentos de salto, las supuestas agresiones de los agentes marroquiés le hicieron perder parte de su dentadura (como se aprecia en la foto) y su desaparición desde hace unos tres meses.
«Con la entrega del menor a los agentes Marroquíes, la Guardia Civil Española lo expuso a que nuevamente fuera sometido a dolores físicos y mentales, tales como los infligidos por los policías marroquíes» y, al realizar la devolución de facto, sin oír o abrir un expediente para valorar su situación, «la Guardia Civil española coarta su acceso al derecho de asilo y a las garantías que consecuentemente se derivan de él». Estos hechos «muestran un trato degradante en contra del menor, debido a su raza y condición de inmigrante», añade recordando que se habría infringido varios artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
«Devolución ilegal» sin posibilidad de asilo ni acogida
Relata también la denuncia que «el Gobierno español ha transgredido la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, los cuales deben ser respetados por los Estados miembros con ocasión a su vinculación al Derecho de la Unión. Todos los miembros de la Unión Europea tienen la obligación de respetar y aplicar los postulados de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, en tanto su vinculación al acervo normativo de la UE es hecha mediante el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) como parte del sistema europeo común de asilo».
Asimismo, con la «devolución ilegal» de la que fue víctima Diakaridia, se impidió que eleve una solicitud de asilo y que su situación fuera evaluada de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 2003/09/CE del Consejo del 27 de enero, por la cual se aprueban normas mínimas para solicitudes de asilo en los Estados miembros. «A la par, no ha podido contar con las condiciones de acogida, especialmente la de atención sanitaria de la que trata el artículo 15, a lo que se suma la inobservancia por parte del Estado Español del principio general dispuesto en el artículo 17 de la Directiva», detalla la denuncia.
Diakaridia es menor de edad, no estaba acompañado por sus padres u otro adulto a cargo, se mantuvo colgado a la intemperie en la tercera enredadera de la valla que sirve de frontera entre España y Marruecos durante seis horas consecutivas, había sido con anterioridad víctima de fuertes golpes proferidos por la fuerza de seguridad Marroquí, recuerda el escrito. «Sin embargo, su situación no fue tenida en cuenta. Diakaridia no recibió asistencia o valoración de ningún tipo».
Los hechos relatados habrían supuesto también una violación de la Directiva 2004/83/CE del Consejo del 29 de abril, por la cual se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional. En igual sentido, con los actos desplegados por la Guardia Civil Española habrían contravenido lo dispuesto en el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo del 24 de septiembre de 2008, y la Directiva 2008/115/CE del Parlamento y el Consejo del 16 de diciembre.
No se habrían infringido normativa europea sino también española. La Guardia Civil también habría incumplido los procedimientos de la Ley Orgánica 4/2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y el Real Decreto 557/2011 por el que se aprueba su reglamento, según la denuncia.
