Demanda en los tribunales contra el Gobierno de Italia por el acuerdo con Libia para las ‘devoluciones’ de migrantes

| 10 mayo, 2018

Denuncian violaciones graves contra los derechos humanos de los migrantes repatriados a Libia, entre las que se incluyen la tortura y la esclavitud

“Libia es el peor lugar del mundo si eres un africano negro. Automáticamente te consideran esclavo”, dice el gambiano Ibrahim Diallo

08/05/2018 Diario.es.- La colaboración de Italia con Libia para impedir que los migrantes lleguen a Europa se enfrenta a una demanda en los tribunales por las acusaciones de graves violaciones contra los derechos humanos de las personas que tratan de cruzar el Mediterráneo, entre las que se incluyen la tortura y la esclavitud.

Según la demanda, presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el trabajo conjunto de Italia y Libia está permitiendo que los guardacostas libios detengan a barcos de inmigrantes a instancias de Italia y obliguen a miles de personas a regresar a Libia contra su voluntad, sometiéndolas a condiciones inhumanas, dándoles palizas, violándolas y haciéndoles pasar hambre.

La demanda se basa en el testimonio de 17 personas que sobrevivieron a un naufragio y fueron llevados de vuelta a Libia. Podría convertirse en una seria amenaza para el acuerdo firmado el año pasado entre Libia y el gobierno italiano presidido entonces por Matteo Renzi. Respaldado por los líderes europeos, se atribuye a dicho arreglo la drástica reducción en el número de migrantes en la costa sur italiana.

En el convenio se estipuló que Italia entrenaría, equiparía y financiaría a los guardacostas libios como parte de su esfuerzo por hacer retroceder a las embarcaciones y devolver los migrantes a Libia.

La demanda fue presentada por la ONG británica Global Legal Action Network y se centra en un incidente ocurrido el 6 de noviembre de 2017, cuando los guardacostas libios presuntamente obstaculizaron los intentos del barco de una ONG de rescatar a 130 migrantes de una zodiac que se hundía. Murieron unas 20 personas y las que sobrevivieron fueron “llevadas de vuelta” a Libia. Según la demanda, allí las detuvieron y sometieron a violencia extrema y un tratamiento inhumano, y dos supervivientes fueron “vendidos” y electrocutados.

“Con esta devolución a Libia están poniendo en peligro la vida de los migrantes y exponiéndolos a formas extremas de malos tratos”, dice el asesor jurídico Itamar Mann. “Esperamos que este nuevo caso sirva para establecer el principio fundamental de que las llamadas ‘devoluciones’ son contrarias a las normas básicas de los derechos humanos”, dijo también.

Migrantes y activistas de derechos humanos han puesto en este desafío legal sus esperanzas de un cambio. Hace seis años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que un acuerdo similar (pactado por Silvio Berlusconi, entonces primer ministro italiano, y el dirigente libio Muamar el Gadafi) violaba los derechos humanos. Aquel acuerdo fue suspendido posteriormente.

Torturas y trabajos forzosos

El actual acuerdo entre Italia y Libia ha provocado varios enfrentamientos entre las autoridades libias y las ONG que surcan el Mediterráneo en sus misiones de rescate. En repetidas oportunidades, las ONG han denunciado amenazas de violencia si no entregaban a los migrantes rescatados en sus barcos, con las autoridades libias exigiendo su devolución a Libia (en lugar de llevarlos a Sicilia) incluso cuando los barcos se encontraban en aguas internacionales.

Uno de esos casos involucró a Chica Kamara, un hombre de 27 años que a principios de 2017 salió de Sierra Leona con Alfonsine, su hijo de 10 años. Los separaron cuando el bote neumático en el que viajaban quedó atrapado entre un mercante y la embarcación de las autoridades libias. Kamara fue empujado al mar. Alfonsine se quedó en el bote y los libios se lo llevaron. “Me fui de Sierra Leona por mi hijo y ahora él está atrapado en Libia. Hasta hace dos semanas sabía que estaba a salvo y vivo, pero ahora no tengo noticias de él”, contó.

En otro caso, las autoridades libias supuestamente amenazaron con matar a los voluntarios a bordo del buque de rescate de la ONG Open Arms. Les exigían entregar a los migrantes rescatados pero la tripulación se negó y cuando el barco llegó a Sicilia la policía italiana lo estaba esperando. Los fiscales están investigando ahora si deben presentar cargos contra el capitán y el coordinador del barco por fomentar la inmigración ilegal.

Diez migrantes recién llegados a Italia a través de Libia dijeron a The Guardian que les habían sometido a torturas y trabajos forzosos. Un hombre también dijo que le habían quemado después de tenerlo preso durante dos años. “Libia es el peor lugar del mundo si eres un africano negro. Automáticamente te consideran esclavo”, dice en Catania el gambiano de 20 años Ibrahim Diallo. “Hay ciudades como Sabha o Zawiyah que están hechas para esclavos, prisiones y campos de detención uno tras otro. Prefiero morir antes que volver a Libia”.

Pero el estancamiento político que en los últimos años se ha apoderado de Europa dejando a Italia sola frente a la llegada de miles de inmigrantes no terminará por mucho que prospere la demanda legal y fuerce a Italia a tomar cartas en el asunto.

En su sentencia de 2012, el TEDH dijo que era consciente de la presión a la que estaban sometidos los Estados por la creciente afluencia de inmigrantes pero que eso no eximía al Estado de su obligación de proteger a las personas que corren riesgo de tortura y muerte en otro país.

A cambio de más estrictas medidas de seguridad y patrullas marítimas conjuntas, la política de Berlusconi de “empujar de vuelta” a los migrantes exigía inversiones italianas por un total de 5.000 millones de dólares en Libia, donde tendrían que construir una nueva autopista.

Según las estimaciones de Amnistía Internacional, a lo largo de 2017 unas 20.000 personas fueron interceptadas y devueltas a Libia por los guardacostas de ese país.

La demanda ante el TEDH también se está presentando junto a la Asociación de Estudios Jurídicos sobre Inmigración, con el apoyo de la Lowenstein International Human Rights Clinic de la Facultad de Derecho de Yale y de la ONG italiana ARCI.

Traducido por Francisco de Zárate

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