Casi 200 marroquíes fueron procesados en 2017 por homosexualidad y 3.000, por adulterio

| 13 junio, 2018

El Código Penal marroquí castiga la práctica de la homosexualidad con hasta tres años de cárcel.
El delito de adulterio puede conllevar dos años de prisión.

13/06/2018 20 Minutos.- Un total de 2.890 personas fueron perseguidas judicialmente en Marruecos en 2017 por el delito de adulterio y casi 200 más lo fueron por la práctica de la homosexualidad, según el informe anual de la Procuraduría (Fiscalía) presentado este martes en Rabat. Los casos de adulterio forman parte de los 34.944 casos relacionados con la categoría de los “delitos contra el buen orden de la familia y la moralidad pública”.

El adulterio en general está castigado por el artículo 491 del Código Penal marroquí con penas de hasta dos años de cárcel, pero se requiere una denuncia del cónyuge agraviado para incoar un procedimiento judicial. Además, el informe cifró en 197 las personas perseguidas ante la Fiscalía por homosexualidad en un total de 130 casos abiertos, aunque no se sabe el seguimiento posterior que se ha dado tanto a estos casos como a los de moralidad en general.

El Código Penal marroquí en su artículo 489 castiga la práctica de la homosexualidad (definida como “la comisión de actos contra natura con individuos del mismo sexo”) con penas de hasta tres años de cárcel. Drogas Por otra parte, el informe destacó la importancia numérica de los delitos por droga (cultivo, posesión o narcotráfico), que en la última década se cuadruplicaron, pasando de 27.000 casos en 2002 a más de 107.000 en 2017.

Los presos por casos de droga representan así el 25% del total de la población carcelaria (un total de 83.102 presos en las diferentes cárceles del país).

Se trata del primer informe de la Procuraduría presentado por el procurador general del rey, Mohamed Abdenabaui, desde la independencia de la Fiscalía del poder Ejecutivo en octubre de 2017. Abdenabaui señaló que el objetivo del informe es mostrar “el respeto de la Fiscalía al principio de rendición de cuentas”, su compromiso con la aplicación de la ley y su disposición a “colaborar con el resto de poderes”.

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