El Gobierno alemán catalogará como «seguros» a los países del norte de África para justificar la deportación inmediata de sus nacionales. La medida puede traer a muchos de ellos a España porque es su puerta de entrada en Europa.
19/07/2018 La Razón.- Apunto de arrancar la pausa estival, Berlín ya ha dejado claro por dónde discurrirá el próximo curso legislativo: el tema migratorio seguirá tan prioritario como polémico. Como muestra, el paso dado ayer por el Gobierno alemán, que propuso catalogar a Túnez, Argelia y Marruecos como «países seguros de origen» para poder proceder a la devolución rápida de los solicitantes de asilo que procedan de esas naciones norteafricanas. Un proyecto de ley detrás del cual está el ministro germano de Interior y líder bávaro, Horst Seehofer, quien desde hace semanas mantiene un duro pulso con Angela Merkel para endurecer la política de asilo y con el que profundiza en su determinación por frenar el flujo migratorio a Alemania.
El texto aprobado en Consejo de Ministros garantiza, por un lado, que se seguirá prestando «asilo por razones humanitarias», según aseguró Seehofer, y por el otro, que se «establecerá un orden» frente a esos flujos migratorios. Pero la consideración de país seguro implica que «en principio» no se reconoce un derecho de asilo general a sus nacionales, recordó Seehofer, salvo en «casos específicos» en que se considere pueden sufrir persecución, maltrato o represión en caso de ser expulsados a su lugar de origen. Algunos medios de comunicación alemanes indicaron que el nuevo borrador incluirá un apartado para permitir que no sean deportados los nacidos en estos países que ya han empezado a trabajar, hacen prácticas o están en un programa de formación profesional. Una circunstancia que, no obstante, recibió las críticas de la oposición. El líder de los Verdes, Robert Habeck, dijo que estos tres países norteafricanos no son seguros para muchas personas, por lo que rechazó la catalogación. «Todavía está el caso de que los periodistas, las minorías y los homosexuales que no están seguros frente a la persecución y el arresto en los países del Magreb», afirmó Habeck. Cada una de las solicitudes de asilo será atendida «individualmente», señaló el portavoz del Gobierno de Merkel, Steffen Seibert, según el cual el objetivo de la nueva normativa es resolver con celeridad las peticiones.
El reconocimiento del estatus de asilado a los peticionarios procedentes de esos países era ya «muy bajo» hasta ahora –menos del 5%– según Seehofer, del total de 15.000 solicitudes presentadas el año pasado por migrantes procedentes del Magreb. Con todo, la medida podría repercutir principalmente en los países del sur de Europa, como España, que tras el acuerdo alcanzado en la última cumbre comunitaria podrían recibir de vuelta a los migrantes al ser la principal puerta de entrada a Europa.
Su aprobación se produce en medio de la polémica desatada por la expulsión a Túnez de un tunecino que presuntamente fue guardaespaldas de Osama bin Laden, que reside en el país desde 1997 con su familia y que en 2005 solicitó asilo en Alemania. El presunto islamista, identificado como Sami A. y de 42 años, fue deportado tras un largo tira y afloja a su país la semana pasada, al parecer por un error administrativo y en contra de un dictamen judicial que prohibía su expulsión por considerar que estaba amenazado con sufrir torturas en Túnez. El caso de Sami A. se suma al cúmulo de controversias recientes protagonizadas por Seehofer, quien unos días atrás informó en una conferencia de prensa, entre sonrisas cómplices, de la expulsión de 69 afganos coincidiendo con su 69 cumpleaños. Con todo, el proyecto de ley relativo al Magreb deberá pasar aún por la ratificación del Bundesrat (Cámara Alta), donde los conservadores no tienen la mayoría.
Su aprobación coincidió ayer con la implantación de controles fronterizos entre Baviera y Austria, de acuerdo al propósito de Seehofer de frenar antes de su ingreso en el país a peticionarios sin perspectivas de ser reconocidos como asilados y previamente registrados en otros países de la UE. En esta línea, Baviera acordó con la Policía Federal que el patrullaje quedará en manos de la policía fronteriza bávara, aunque ésta no podrá operar independientemente. La medida se inscribe en las exigencias del ministro para endurecer la política de asilo, su caballo de batalla ante las regionales del próximo octubre en la próspera Baviera, donde la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) podría convertirse en segunda fuerza, tras la CSU. De hecho, ayer mismo una encuesta del instituto Infratest Dimap arrojó que la CSU solo alcanzaría el 38% de los votos, lo que supone una caída de tres puntos respecto a mayo.
