APUNTES CÍVICOS Nº6.

| 22 octubre, 2018

El discurso de odio precede al delito, al igual que la propaganda precede a la acción. Los numerosos asesinatos monitorizados desde la muerte de Lucrecia Pérez (1992), los miles de delitos de odio registrados desde comienzos de los años 90, ni se deben, ni se pueden interpretar como meros episodios aislados, al márgen de un contexto de clima social de intolerancia hacia personas diferentes a las que niega; un contexto alimentado por un discurso de odio que alienta la estigmatización, exclusión, hostilidad, fanatismo, agresividad y violencia contra el “otro”, el distinto, hacia colectivos vulnerables y personas en riesgo. El discurso de odio pretende suspender derechos y libertades como el derecho a vivir sin ningún tipo de miedo o intimidación, el derecho a la dignidad, tanto individual como colectiva, el derecho a la igualdad de trato sin ningún tipo de discriminación o marginación, en definitiva, el derecho a ser iguales en tener derechos.

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