EFE.- Movimiento contra la Intolerancia (MCI), que el pasado año detectó en la Comunitat Valenciana 90 incidencias por delitos de odio, ha advertido este viernes de que si la Administración no actúa de oficio y se adelanta a estas actitudes se producirá un «crecimiento del odio identitario».
El presidente del MCI, Esteban Ibarra, que ha presentado el Informe Raxen Comunitat Valenciana 2017, ha destacado que en el informe no se recoge la «eclosión» en internet de un discurso de odio «absolutamente vejatorio y atentatorio a la dignidad de las personas».
De hecho, según Ibarra, solo se denuncia el 20 % de los delitos de odio, por lo que podrían ascender a entre 400 o 500 las incidencias en la Comunitat Valenciana, que se encuentra «a la cabeza» o al menos entre las cuatro autonomías con más casos junto a Madrid, Cataluña y Andalucía.
El pasado año hubo en la Comunitat Valenciana «muchas agresiones», en torno a 40, y creció la xenofobia en el ámbito del fútbol, especialmente en categorías inferiores, y hubo un repunte de la islamofobia, especialmente tras los atentados de Barcelona y Cambrils.
Según Ibarra, han observado que la «propaganda y el discurso preceden a la agresión» y ha señalado que les llama la atención que los ultras han salido de los estadios y son capaces de atacar en una manifestación, en referencia a los incidentes ocurridos el 9 d’Octubre del pasado año, en los que el MCI está personado como acusación popular.
Preguntado por las siete manifestaciones que han sido autorizadas por la Delegación del Gobierno para el próximo 9 d’Octubre, ha dicho que son rigurosos con la defensa de la libertad y de un derecho fundamental como el de manifestación, pero ha instado a la Administración a que «no espere para intervenir» si se producen incidentes.
Otros de los incidentes recogidos en el informe son el escrache de España 2000 a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, abusos policiales xenófobos, violencia homófoba, neonazi o en el aula, antigitanismo, disfobia (odio a la persona con discapacidad), misoginia o intolerancia lingüística.
«Nos gustaría que las Administraciones fueran más proactivas y actuaran más de oficio» en estos casos, ha asegurado el presidente del MCI, quien ha agregado que en cuanto detectan un delito de odio deberían llevarlo a un juzgado «y no esperar a que haya una víctima».
A juicio de Esteban Ibarra, deberían ilegalizarse las organizaciones que promueven los delitos de odio, producirse un reforzamiento legal y acabar «con el buenismo» porque se está produciendo en la sociedad una «intolerancia extrema».
Ibarra ha subrayado que este verano se han producido en la Comunitat «muchas agresiones y se ha reiterado la existencia de agresiones a organizaciones que defienden los derechos humanos».
Ha abogado por una educación para la tolerancia porque «si no se avanza, el escenario será de un crecimiento del odio identitario tanto de tipo lingüístico como político, religioso o racial, y un yihadismo radializado».
