Se enfrentaban a penas de entre uno y dos años de inhabilitación para el ejercicio de la hostelería
EL NORTE DE CASTILLA.- El Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso del hostelero y una camarera que habían sido acusados de haber denegado la entrada en su local en 2017 a clientes de etnia gitana.
Frente a las peticiones de inhabilitación por espacio de uno y dos años solicitadas por la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la Fundación Secretariado Gitano, la juzgadora fundamenta su absolución en las contradicciones entre los acusados y las víctimas y, por ello, acuerda aplicar el principio ‘in dubio pro reo‘, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El titular del bar en cuestión sito en el barrio de Huerta del Rey, J.S, y su hermana y camarera del establecimiento, E.S, fueron acusados de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas (artículo 512 del Código Penal), de ahí la solicitud de inhabilitación mantenida en el juicio por ambas acusaciones para el ejercicio relacionado con la profesión de hostelería u otro oficio vinculado con el ámbito educativo, deportivo o de ocio.
Los hechos se produjeron el 22 de enero de 2017, cuando sobre las 16.30 horas de dicha fecha, un domingo en el que se disputaba un Madrid-Barcelona, las supuestas víctimas, un adulto de unos 30 años y sus dos sobrinos, adolescentes, los tres de etnia gitana, entraron en el establecimiento de los acusados.
Se acercaron a la barra y el mayor de edad pidió un café a la camarera y ésta le respondió, según ratificaron los denunciantes, que no podía por orden de su jefe ya que no permitía entrar a gitanos por miedo a que el negocio perdiera clientela.
El denunciante apuntó que ya había otros dos gitanos en el local y la camarera, siempre según su versión, pidió entonces a los recién llegados y a los que ya estaban que se marcharan del bar, con lo que los afectados decidieron finalmente llamar a la Policía Municipal para denunciar la situación.
Esa es la versión ratificada en el juicio tanto por los dos clientes gitanos que ya se encontraban en el bar y que, junto al adulto llegado con los dos menores, fueron invitados a marcharse, así como por la entonces técnico de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano y hoy la hoy concejal de Convivencia y Mediación Comunitaria en el Ayuntamiento de Valladolid, Carmen Jiménez.
La hoy edil fue la que al día siguiente de los hechos acompañó a los afectados a interponer la reclamación correspondiente en el propio bar y luego ante la Policía Municipal y la Policía Nacional.
Sin embargo, tanto el hostelero, que el día de los hechos no estaba en el establecimiento, como la camarera negaron las acusaciones y sostuvieron que el incidente se produjo cuando entraron los dos adolescentes, sin estar acompañados de adulto alguno, y por eso fueron invitados a abandonar el local, al igual que los dos clientes de la misma etnia que comenzaron entonces a causar alboroto.
La representante de la acusación particular, la letrada Judith Sobrino, en declaraciones a Europa Press, consideraba probado que el día de los hechos ambos acusados «vulneraron el derecho de igualdad de estas personas y se atentó contra su dignidad, de ahí que merezcan una sentencia justa».
La acusadora, que analizará con el colectivo la posibilidad o no de recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial, recordó que «cuando no te dejan entrar en un local por su propia identidad, tu etnia, tu familia…se están vulnerando derechos fundamentales».
